La Junta se ha plantado ante el Gobierno central por el cumplimiento del déficit público y descarta rotundamente acometer nuevos recortes. Andalucía es una de las cinco comunidades que se ha desviado del objetivo (cerró 2012 en el 2,02% cuando la meta era el 1,5%) pero, pese al toque de atención del Ministerio de Hacienda, no está dispuesta a asumir nuevos ajustes. El presidente andaluz, José Antonio Griñán, reclamó ayer al Ejecutivo "lealtad institucional" y exigió un reparto más justo del déficit entre administraciones. El vicepresidente, Diego Valderas, dejó claro que la comunidad "no soporta más recortes" y propuso un referéndum popular si el ministro Cristóbal Montoro los impone. Los socialistas hablaron de "sabotaje" de Mariano Rajoy a nuestra capacidad económica y el PP-A auguró más tijera e impuestos.
El déficit ha abierto un nuevo frente entre Gobierno y Junta. El Ejecutivo andaluz de coalición no piensa acatar la orden del Ministerio de acometer nuevos recortes porque de hacerlo, avisa, habría que tocar la sanidad y la educación pública o despedir a cientos de empleados públicos. Andalucía acabó el año con un déficit casi medio punto por encima del objetivo fijado -la misma desviación que tiene el Estado- y está, junto a otras cuatro comunidades, en el punto de mira del departamento de Cristóbal Montoro. El Ministerio tiene la posibilidad de intervenir a las regiones incumplidoras. Pese a la advertencia, Griñán fue tan contundente como días atrás lo fue la consejera de Hacienda e insistió en que "no hay que modificar nada". El Presupuesto andaluz de 2013, el más difícil y austero de la autonomía, incluye un ajuste adicional de 4.200 millones para cumplir el exigente objetivo de situar el déficit este año en el 0,7%. La desviación de medio punto en 2012 supondría un recorte adicional de 700 millones, imposible de asumir sin desmantelar servicios públicos.
El presidente de la Junta volvió a destacar el "gran esfuerzo" que ha hecho Andalucía al reducir de un año a otro un 40% el déficit y defendió que "el déficit por habitante en Andalucía es más bajo que la media por habitante de España". El Ejecutivo autonómico asegura que no tiene un problema con el gasto, sino con los ingresos -la recaudación del IVA ha caído en picado-, por lo que el margen de maniobra para nuevos ajustes es imposible, argumenta.
¿Y cómo se resuelve entonces este desequilibrio financiero? Para Griñán, desde la "lealtad institucional". El Gobierno andaluz ha alzado la voz contra la "discriminación y el maltrato" que, a su juicio, sufre Andalucía por parte del Gobierno central. El mensaje de la Junta y de los partidos que la conforman (PSOE e IU) es que si el Gobierno diera a Andalucía lo que le corresponde, la comunidad podría cumplir perfectamente con el déficit. Andalucía reclama al Estado 1.504 millones en inversiones por el incumplimiento del Estatuto, el Gobierno ha recurrido hasta en tres ocasiones la subasta de fármacos -con la que la Junta pretende ahorrar 200 millones- y ha eliminado el impuesto a la banca vigente en la comunidad. Eso, sumado al dinero que no llega del Fondo de Competitividad son, para la Junta, trabas enormes para financiarse.
IU es aún más beligerante que el PSOE respecto al déficit. El vicepresidente de la Junta y líder de la federación de izquierdas criticó la actitud "demencial y obsesiva" del Ejecutivo y aseguró que es "imposible" llevar a cabo más recortes. Valderas propuso una consulta popular, "si las leyes lo permiten", para reforzar la postura de rebelión. El número dos del PSOE-A, Mario Jiménez, acusó a Montoro de hacer "trampa" con los números y de tomar decisiones "injustas y obscenas" para Andalucía. El secretario general del PP-A, José Luis Sanz, llamó "irresponsable" al "bipartito" y vaticinó "más ajustes y subida de impuestos".
