Este decreto -que supondrá la supresión de 111 empresas públicas a través fundamentalmente de fusiones y que afecta a 23.746 trabajadores- tiene muchos frentes abiertos. Todos los sindicatos, incluidos CCOO y UGT, han recurrido la norma, que también cuenta con la oposición de plataformas como la de los trabajadores de la Agencia Andaluza del Agua (una de las más beligerantes por su equiparación con los trabajadores de Egmasa) u otra de funcionarios de la Junta.
El PP anunció ayer que el día 27 presentará su recurso ante el Tribunal Constitucional. No todos los recursos denuncian lo mismo. Los sindicatos profesionales se quejan de que la Junta vaya a convertir por la puerta de atrás a trabajadores de empresas públicas en funcionarios. Eso recurrirá el PP. CCOO y UGT han llevado a los tribunales todo lo contrario: recortes en los derechos de los trabajadores y un retroceso en el empleo público.
El Gobierno andaluz llevaba meses atosigado por un conflicto que cada vez es más ruidoso pero había optado por no entrar al trapo. Sin darle publicidad, la Consejería de Hacienda y Administración Pública sí llevaba semanas tratando de encauzar el conflicto en la mesa de la concertación, con reuniones técnica con CCOO y UGT.
Cuando la tormenta no tiene pinta de amainar, el presidente Griñán tomó la palabra y fue muy tajante. Lamentó que se difundan "mentiras" sobre aspectos que "ni están escritos en ninguna norma ni están en la voluntad de ningún dirigente político de la Junta". Precisó cuatro puntos. "Primero, ningún funcionario o personal laboral de la Junta va a perder su puesto; segundo, todo funcionario de la Junta va seguir siendo funcionario trabaje en el organismo de la Junta que sea, bien sea servicios centrales, organismos periféricos, agencias u organismos autónomos y va seguir trabajando como funcionario y va a seguir manteniendo el derecho a su carrera funcionarial", destacó Griñán, según declaraciones recogidas por Europa Press. Hizo hincapié en que todo el personal laboral "va a mantener su convenio colectivo mientras no se renueve, de modo que seguirá rigiendo sus relaciones laborales" así como en que "ninguna persona se hará funcionario en la Junta sin pasar las pruebas".
Griñán aseguró: "Leo Facebook y la red y veo que se está mintiendo". Avisó de que la reordenación del sector público no tiene marcha atrás y dijo no estar preocupado por las protestas. ¿Qué hay detrás? A su juicio puede haber "alguien que tenga interés en mentir o en ganar unas elecciones sindicales con bulos". La Junta estrenó ayer un portal en la web de la Consejería de Hacienda explicando la reforma.
Por su parte el PP confirmó ayer que el miércoles presentará ante el Tribunal Constitucional el recurso que había anunciado contra este decreto de reordenación del sector público. El líder popular Javier Arenas aseguró que su recurso "vendrá como anillo al dedo" a los funcionarios ("queremos conectar con los profesionales de la administración") y vendrá mal a los "20.000 o 25.000 enchufados" de las empresas públicas. Si la alternativa del PP para estos trabajadores es o no el despido no se sabe. Arenas eludió ayer responder cuál es el plan de su partido y culpó a la Junta de ocultarle información sobre el número de trabajadores que hay contratados en los entes públicos. Su recurso se basará en cinco puntos. Denuncian que se equiparen funcionarios con quienes han entrado "a dedo"; avisan del "abuso" de la fórmula del decreto-ley y la reordenación, alegan, "no ha sido negociada en la Mesa de la Función Pública".
