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Griñán ve un "disparate" cifrar el déficit público en la Constitución

El presidente de la Junta se alinea con la propuesta de Rubalcaba de no concretar el techo de gasto como pide el PP.

el 25 ago 2011 / 20:32 h.

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Rubalcaba y Griñán, durante la última reunión que ambos líderes mantuvieron en Sevilla, hace un mes.

Desde que Zapatero anunció el martes su intención de cambiar la Constitución para limitar en ella el endeudamiento público, el Gobierno andaluz se manifestó más a favor que otras comunidades como Cataluña o País Vasco, que desde el primer momento se mostraron prudentes a la espera de conocer la letra pequeña. Pero conforme se han conocido los detalles de la negociación con el PP, que quiere concretar por escrito el déficit máximo tomando como referencia el 0,35% de la Constitución alemana, se han multiplicado las voces críticas en las comunidades y dentro del PSOE, y la Junta se ha unido a esas críticas. Si el mismo martes en Madrid, el presidente andaluz, José Antonio Griñán, negó que limitar el déficit en la Constitución pusiera en riesgo la autonomía financiera de las comunidades y los servicios básicos que éstas deben prestar, ayer puntualizó que concretar en la Carta Magna la cifra límite para el endeudamiento público "sería un grave error".

Ya el miércoles, cuando se conoció que PSOE y PP discrepaban sobre concretar o no el techo de déficit en la Constitución, la consejera de Presidencia y portavoz de la Junta, Mar Moreno, apoyó el acuerdo para la reforma constitucional pero confió en que se fijara un límite "flexible" que "vaya de la mano del ciclo económico" y "no un techo de gasto fijo". Pero ayer, Griñán fue más allá y abandonó el tono conciliador que mostró el martes tras reunirse con el ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, para preparar la Comisión Bilateral que ambos Gobiernos celebrarán en septiembre.

"Modificar una norma básica de convivencia con argumentos coyunturales es un disparate", llegó a decir, en unas declaraciones recogidas por Público en su edición digital y El Confidencial. Aclaró que "constitucionalizar el déficit cero puede ser una opción partidaria, una creencia de un partido o un dogma partidario" y "la Constitución admite reglas y compromisos pero no dogmas".

Griñán se alineó así con el candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, que ayer mismo hizo pública su propuesta de no incluir cifra alguna en el texto constitucional y dejarlo para su desarrollo en una Ley de Estabilidad Presupuestaria. Fuentes socialistas atribuyeron el miércoles por la noche a Rubalcaba el papel negociador del acuerdo para la reforma con el PP ante el estancamiento de éstas, si bien desde esta partido -y tras hacerse pública la propuesta de Rubalcaba- recordaron que las negociaciones están siendo dirigidas personalmente por Zapatero y el líder de la oposición, Mariano Rajoy.

El presidente de la Junta dejó claro su apoyo a la vía Rubalcaba, al asegurar que el candidato socialista "expresa claramente el sentimiento mayoritario, por no decir unánime, del PSOE de mantener el consenso constitucional". Sin embargo, la unanimidad no es tal ni en el PSOE federal ni en el andaluz. El histórico exvicepresidente del Gobierno y diputado por Sevilla, Alfonso Guerra, ya ha manifestado no entender las prisas si el techo del déficit, según anunció la ministra de Economía, Elena Salgado, no entrará en vigor hasta 2018. La también diputada por Sevilla, Carmen Hermosín, calificó de "insólito" y "chocante" que la reforma se haga a "velocidad exprés" y echó en falta más explicaciones previas al grupo parlamentario antes del anuncio de Zapatero en el pleno. El diputado por Granada José Antonio Pérez Tapias se ha mostrado abiertamente contrario al cambio mientras que la onubense Fátima Aburto ha abogado por celebrar un referéndum para hacerlo.

Griñán también reconoció la "enorme trascendencia" que tiene modificar la Carta Magna, por lo que instó a que la reforma no suponga "una trágala política que no permitiera opciones partidarias distintas" y reclamó el "máximo consenso" como el logrado en 1978. A su juicio, el cambio debe servir para asegurar la estabilidad presupuestaria y el control de las finanzas públicas pero a su vez "garantizar la posibilidad de que quepan distintas posiciones políticas sobre la intervención pública en la economía".

El Parlamento andaluz estudiará los posibles efectos en el Estatuto


Los servicios jurídicos del Parlamento andaluz estudiarán el texto de reforma de la Constitución en el Estatuto de Autonomía, toda vez que el límite al déficit público que quede fijado afectará a todas las administraciones públicas. 

El Estatuto reconoce a la comunidad la participación “en la elaboración de las decisiones estatales que afecten a la planificación general de la actividad económica” (art. 165), garantiza que la comunidad “dispondrá de los recursos necesarios” para “atender sus competencias” y “los bienes y servicios públicos” (art. 175) y prevé, entre estos recursos, la inversión estatal en función de su peso poblacional y recursos propios de la Hacienda Pública andaluza entre los que, junto al patrimonio y los tributos, se incluye “la deuda pública y el recurso al crédito” (art. 176).

IU y Democracia Real Ya se movilizarán para pedir un referéndum  

Además de las voces contrarias al contenido de la reforma constitucional, la forma para aprobar el cambio por la vía de urgencia también despierta críticas por parte de los partidarios de que el cambio sea sometido a la consulta popular mediante la convocatoria de un referéndum.

En Andalucía, ya hay varias organizaciones que se movilizarán para pedir su celebración. La primera será Democracia Real Ya de Sevilla, plataforma ciudadana integrada en el movimiento 15-M, que se concentrará el próximo lunes a las 20.00 horas ante la sede del Parlamento andaluz.

También IU, que a nivel nacional intenta reunir los apoyos necesarios entre diputados y senadores para forzar el referéndum, se manifestará en Andalucía el martes ante la Delegación del Gobierno. Los sindicatos UGT y CCOO estudian igualmente movilizarse. 

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