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Griñán y Chaves aceptan declarar en la comisión de los ERE en la Cámara

El presidente y su antecesor están dispuestos a comparecer, en contra del criterio de la Junta, mientras IU niega "líneas rojas"

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Un día después de que la consejera de la Presidencia, Susana Díaz, afirmara categóricamente que no hay "motivos" para que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, su antecesor, Manuel Chaves, o cualquier otro miembro del Gobierno andaluz comparezcan en la comisión de investigación del Parlamento sobre el caso de los ERE, los principales aludidos se mostraron ayer dispuestos a declarar si así lo deciden los partidos. Chaves y Griñán rechazaron rotundamente que ellos o el Ejecutivo andaluz conocieran la trama de ayudas fraudulentas financiadas con dinero público. La Cámara aprobará la semana que viene la creación de esta comisión -la primera en 17 años- para intentar esclarecer el mayor escándalo de corrupción que salpica a la Junta.


Los trabajos arrancarán previsiblemente en julio -se habilitará ese mes-, pero antes los tres grupos parlamentarios tendrán que diseñar el funcionamiento de dicha comisión -que el PSOE rechazó la legislatura pasada en diez ocasiones-, las sesiones, el número de miembros que tendrá cada partido, si será a puerta cerrada o abierta al público y, sobre todo, la lista de comparecientes. Es ahí donde está el quid de la cuestión. El PP quiere que declare "absolutamente todo el mundo", aseguró su portavoz parlamentario, Carlos Rojas. Los populares han presentado un listado que incluye a Griñán, Chaves, los exconsejeros de Empleo, interventores y hasta 24 personas que, según el PP, "urdieron" la trama.


La Junta, por boca de la consejera de la Presidencia, dejó claro el martes que no encuentra "motivo ni justificación" para que se sienten Griñán, Chaves o algún miembro del Gobierno. El PSOE coincidió con la visión de Susana Díaz. "Hay un interés por convertir el caso ERE en el caso Griñán, y no hay caso", criticó el portavoz, Mario Jiménez, quien dijo que deberá declarar solo el que "tenga conocimiento de lo ocurrido", un grupo del que excluyó al presidente y a su antecesor. Las comparecencias tendrán que decidirse con "mucho cuidado para evitar el estigma", añadió. IU, que es el que soporta una mayor presión, se mueve en terreno farragoso. Se desmarcó del veto de su socio de Gobierno y garantizó que no existen "líneas rojas".


Los principales protagonistas, Chaves y Griñán, se mostraron ayer dispuestos a acudir a la comisión si la Cámara lo requiere, aunque se sacudieron cualquier responsabilidad en el fraude. "Todo aquel que sea convocado por el Parlamento tiene que comparecer, pero es decisión del Parlamento, no mía", aclaró el presidente andaluz. Chaves fue más contundente: "El Parlamento es el que tiene la palabra y yo siempre estaré a disposición del Parlamento". El expresidente habló por primera vez después de que el informe de la Guardia Civil concluyera que el Gobierno andaluz que él presidía tapó las irregularidades y las hizo viables.


Chaves dijo mostrar "un gran respeto" por el trabajo de la Benemérita, pero consideró que en ese informe hay un "error grave". Y es que, según apuntó, "el Consejo de Gobierno, y yo como presidente, en ningún momento, nunca, nunca, nunca ni amparó ni conoció ninguna irregularidad y ninguna ilegalidad". Griñán lo ratificó. "Lo ha dicho Chaves y lo confirmo. En el momento que se tuvo una noticia de alguna irregularidad, se puso en conocimiento del juzgado".


DIFÍCIL PAPEL DE IU

Ante las posturas tan enconadas de PSOE y PP, todas las miradas están puestas en IU. Los populares presionan para que sea "coherente" con su discurso y llame a declarar a la cúpula de la Junta. El grupo parlamentario de IU se reserva su derecho a diferenciarse del Gobierno andaluz, aunque también esté sostenido por la coalición de izquierdas. Su portavoz, José Antonio Castro, insistió ayer en que su grupo "no descarta ninguna comparecencia de antemano", y recordó que IU, impulsor de la comisión de investigación de los ERE, "tiene un compromiso con su electorado". "IU propondrá sus nombres sin presiones ni del Gobierno ni de la oposición", sentenció Castro. El vicepresidente del Ejecutivo, Diego Valderas, habló en la misma línea: "Será el Parlamento, sin vetos, quien establezca los comparecientes". Se hará, dijo, "alcance a quien alcance".

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