El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, con Chaves, actual líder del PSOE-A.
El martes el expresidente Manuel Chaves y el presidente José Antonio Griñán se sentarán, quince días después de lo inicialmente previsto, en la comisión de los ERE en el Parlamento andaluz para poner el broche final a una comisión de investigación sobre el presunto fraude investigado por la justicia y tejido durante una década con las ayudas públicas a Empleo. Este lunes le toca el turno al exalcalde de Cazalla, Ángel Rodríguez de la Borbolla, que cobró 9 millones de euros en concepto de ayudas dentro del entramado investigados en la Sierra Norte de Sevilla. También responderá la exconsejera de Hacienda, Magdalena Álvarez.Por la comisión han pasado 26 comparecientes de distintos perfiles. Imputados por la justicia por participar en la presunta trama y responsables políticos de distintos niveles de la administración. Hasta el momento, la mayoría de los implicados que han respondido a las preguntas de los partidos han desviado las responsabilidades hacia la Consejería de Empleo, especialmente hacia el exconsejero Antonio Fernández y hacia el exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero. Si hay una declaración que fue reveladora para aclarar las posibles responsabilidades políticas en este caso -para eso se crea la comisión, ya que las responsabilidades penales se dirimirán en los juzgados- ha sido la del exinterventor general de la Junta, Manuel Gómez. Quien fue en el Gobierno durante una década el máximo responsable de fiscalizar las cuentas públicas aseguró que se emitieron quince informes alertando de irregularidades y deficiencias graves en un millonario sistema de ayudas que, para empezar, no tenía orden o norma de rango suficiente para regularlo. No era ilegal, pero sí muy débil en el control, dijo Gómez. Un solo aviso, aseguró, debería haber bastado para corregir esas deficiencias. La Dirección General de Trabajo estuvo diez años repartiendo subvenciones "prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido". Así rezaba en los informes de la Intervención. El procedimiento utilizado (sacar dinero de la Consejería para que pagara una empresa pública, primero el IFA después IDEA) era "inadecuado" para financiar subvenciones, agregaba el órgano auditor de las cuentas públicas. La fórmula permitía además eludir los controles reglamentarios para estos fondos. Y había un importante desequilibrio presupuestario. Se daban ayudas por encima de los créditos del Presupuesto.
Mientras todo esto ocurría, Griñán era consejero de Economía y deberá responder a por qué ignoró los informes de la Intervención y solo corrigió los desequilibrios presupuestarios, sin interesarse por las irregularidades advertidas en la concesión de ayudas. No se sabe si apuntará a Empleo o si defenderá el funcionamiento de un sistema que ha quedado más que en entredicho. Chaves fue el presidente en la década investigada y responsable de haber mantenido al exconsejero Fernández como uno de las piezas clave de su Gobierno. El caso redunda en la fractura que existe en el socialismo andaluz entre la vieja guardia de Chaves y el partido de Griñán, que lamenta siempre gestionar esta herencia.
El presunto fraude afecta a 1.217 millones de euros, aseguró la Cámara de Cuentas. No todo ese dinero se empleó de forma ilegal. Está constatado por la Junta un fraude en aproximadamente un 3,7%. 17 millones de euros.
