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Griñán y colectivos sociales coinciden en exigir la reforma de la ley hipotecaria

La Junta suma su voz a Stop Desahucios o el 15-M para exigir una solución al drama de miles de familias

el 30 nov 2012 / 20:34 h.

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El presidente Griñán, en las jornadas sobre desahucios de la SER.

"La sociedad nos está reclamando soluciones y no parches o remiendos". Es la advertencia que lanzó ayer el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, sobre el decreto ley aprobado por el Gobierno para paliar el drama de los desahucios. Unas jornadas organizadas por la Cadena Ser, que sentaron a miembros del Gobierno andaluz y portavoces del PP, juristas y colectivos sociales como el 15-M o Stop Desahucios, sirvieron para profundizar en una realidad que según los datos oficiales ha afectado a casi 8.000 andaluces en el primer semestre del año. Desde todos los ámbitos, los expertos y responsables públicos coincidieron en que la medida aprobada por el Gobierno de Rajoy es demasiado restrictitiva y no ataja la raíz del problema. El Ejecutivo central anunció que su reforma, que finalmente no logró el consenso del PSOE, iba a beneficiar a 600.000 familias, pero el jueves rebajó el dato a 120.000.


Griñán sostuvo que la reforma convalidada por el Congreso "deja sin resolver el problema de fondo, al mantener deudas perpetuas con los bancos, fruto de cláusulas abusivas", al tiempo que "excluye a la mayoría de afectados fijando requisitos muy restrictivos". La medida aprobada no incluye la suspensión de los intereses de demora, de modo que la deuda sigue creciendo durante los dos años de suspensión del lanzamiento.


El grupo socialista defendió en el Parlamento andaluz una iniciativa en la que se reclamaba al Gobierno central que la dación en pago fuera suficiente para saldar la deuda de la hipoteca. Griñán avaló ayer esa reivindicación y pidió que se dote a los jueces de instrumentos para permitir que en determinadas circunstancias, una familia pueda seguir en su vivienda pagando un alquiler. El presidente andaluz consideró imprescindible una reforma en profundidad de la legislación hipotecaría porque la actual ley vigente desde hace más de un siglo es "obsoleta y desequilibrada".


En esa misma línea, exigiendo la reforma de la ley hipotecaria, se pronunciaron los colectivos que con una lucha activa frente a los desahucios han logrado imponer este problema en las prioridades de la agenda política. José Antonio Aguilar, representante del "15M por la vivienda", avanzó que preparan el 10 de diciembre una acción en toda Andalucía para reivindicar el derecho a una vivienda digna. Jesús Pineda, de "Stop Desahucios", consideró el decreto del Gobierno "inútil, insuficiente, injusto y discriminatorio".


Francisco José Guerrero, decano de los jueces de Sevilla, sí defendió la ley hipotecaria como una garantía de estabilidad y recordó que el 81% de los ciudadanos han accedido por esta vía a la propiedad de sus viviendas. Jueces y abogados se inclinan más por medidas que, sin modificar radicalmente la norma, permitan eliminar cláusulas abusivas para los ciudadanos.


La diputada del PP-A, Alicia Martínez, recordó que entre 2007 y 2008, con el Gobierno de Zapatero, se afrontó un número de desahucios muy importante sin que se hiciera nada. Martínez puso en valor la reacción del Ejecutivo de Rajoy y subrayó que se toman medidas que, hasta ahora, nadie había adoptado.


La secretaria general de Vivienda de la Junta, Amanda Meyer, insistió además en la reclamación de su Consejería de que se lleve a cabo una quita de las hipotecas de las familias y una reestructuración de las deudas por vivienda, tal y como se ha hecho con los bancos, a los que se ha comprado activos inmobiliarios que gestionará el banco malo.

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