El exvicepresidente del Gobierno y cabeza de lista del PSOE al Congreso por Sevilla, Alfonso Guerra, aseguró ayer que en España se debe aplicar la “máxima” pena tanto a los corruptos como a quien inventa un caso sobre un representante político y luego se demuestra que es falso. En un desayuno informativo de Fórum Europa, Guerra señaló que la corrupción en España debería estar castigado por una pena “brutal”, pero “igualmente de brutal” para quien diga que un representante político es corrupto y luego se demuestre que no lo es.
Sus reflexiones se produjeron preguntado sobre si hay un leitmotiv en los casos que lleva la juez Alaya, en Sevilla, y el de la juez de Lugo, Estela San José –que afecta al ministro de Fomento, José Blanco–, o si se debe al desgaste de la Junta y del Gobierno de España y una prueba de que el poder corrompe. Guerra señaló, con respecto a la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga la supuesta “trama” de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE), que aunque no conoce a esta juez, “el calendario es un dato objetivo” y apuntó que “incluso hay una relación fuerte personal entre la jueza y el actual alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, que eran compañeros y dicen que algún expediente en común tuvieron”.
Sobre el caso de los ERE, el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, exigió al Gobierno andaluz responsabilidades políticas “al más alto nivel” y habló sobre una segunda sentencia del TSJA que asegura que el método utilizado por la Junta para repartir las ayudas supuestamente fraudulentas era “nulo de pleno derecho, un atentado al Estado de Derecho y un procedimiento irregular e ilegal a todas luces”. Sanz acusó a la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, de “tomar el pero a los andaluces diciendo que la Junta es muy legal”.
