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Guerra de padres por una plaza escolar

Educación comprueba estos días las denuncias presentadas por padres cuyos hijos no entraron en el colegio elegido y creen que otros falsearon sus datos. Solo el 13% prospera pero los padres espían a sus vecinos y recaban información cual detectives

el 27 jul 2013 / 23:35 h.

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La Policía Autonómica y otros funcionarios públicos llevan estos días a cabo un peculiar cometido: comprobar que los padres de los niños escolarizados para el próximo curso viven donde dicen, están casados o separados y cualquier otro dato aportado para lograr una plaza en el colegio elegido. Sus pesquisas siguen el rastro de los presuntos indicios que los padres que no han conseguido la ansiada plaza han recabado por sus propios medios, o incluso contratando a profesionales de la investigación, para presentar un recurso de alzada ante la Delegación Provincial de Educación. salida-colegios-sevilla-01Es una auténtica guerra fría con tintes detectivescos entre padres donde el ansiado grial es que su hijo tenga un pupitre en septiembre en el centro escolar deseado. La normativa que regula el proceso de escolarización se ha ido modificando para atajar el fraude y tratar de hacer el proceso más limpio. El último cambio fue en el curso 2011/2012, en el que se dio más peso al domicilio familiar que al laboral, se amplió el concepto de hermanos en el centro (que también ganó puntos) a los hijos que comparten un solo padre y a los de las parejas de hecho, se aumentaron los puntos por tener un progenitor trabajando en el colegio y se endurecieron las sanciones por falsear datos al anular no solo los puntos obtenidos por el dato incorrecto sino todos los derechos de prioridad en la escolarización. Lo cierto es que las denuncias van en descenso. El curso pasado fueron 607 –150 menos que el anterior– de las que solo 79 prosperaron total o parcialmente, el 13%. También instituciones como el Defensor del Pueblo Andaluz, al que el año pasado llegaron a recurrir 162 familias andaluzas, señalan que los conflictos han bajado. Las denuncias se concentran más en los colegios concertados que en los públicos (484 de las 607 denuncias del curso pasado correspondieron a este tipo de centros) y en zonas con especiales problemas de escolarización como Nervión, Bami o Los Remedios. Los principales motivos de las reclamaciones son que el domicilio señalado no sea el real (vivir en la zona da 14 puntos): hay diversos casos, desde poner como tal la casa de familiares o la sede del trabajo hasta un piso en el que se estuvo alquilado pero ya no, o mudanzas expres justo a tiempo para solicitar plaza. También se cuestiona el nivel de renta (hasta dos puntos): los denunciantes no tienen acceso a esta información por la ley de protección de datos, pero aducen sospechas si la unidad familiar cuenta con más miembros aparentemente con ingresos que los indicados o el nivel de vida contrasta con una renta baja. Y se cuestiona el carácter monoparental de la unidad familiar si son parejas estables aunque sin regularizar. Pese al descenso de denuncias, aún hay padres –la Delegación de Educación no ha contabilizado aún datos de las denuncias presentadas este año– que desde el pasado 21 de junio (cuando expiró el plazo para recurrir abierto un mes antes) viven en vilo para conocer el resultado de la investigación oficial. Es ahora cuando en muchos bloques se puede ver a agentes preguntando a vecinos o familiares y cuando los padres bajo sospecha reciben la denuncia formal que tienen diez días para alegar recabando cuantas facturas, recibos o testimonios consideren válidos para corroborar los datos que aportaron al solicitar un colegio. La Junta tiene tres meses para decidir. El objetivo es que la mayoría de los casos se resuelva antes de que empiece el curso, aunque no es raro que algunos niños empiecen las clases en un colegio y en las primeras semanas cambien a otro.

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