Seis horas de declaración ante los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en las que Francisco Javier Guerrero, el exdirector general de Trabajo y principal imputado en la supuesta trama fraudulenta de los expedientes de regulación de empleo (ERE) al ser el que disponía las ayudas, dijo que sus decisiones no eran "unipersonales", sino "compartidas".
Su declaración, que tuvo lugar ayer en el cuartel de Eritaña de Sevilla, se ciñó a la tramitación de pólizas para personas ajenas a las empresas afectadas por los ERE, sin que los agentes le preguntaran sobre las declaraciones que realizó el que fuera su chófer en las que aseguraba que se gastó parte de los 450.000 euros que él recibió en ayudas en "comprar cocaína" para los dos.
En la comparecencia de Francisco Javier Guerrero, según confirmó el mismo a Europa Press, aseguró a los investigadores que a la hora de otorgar estas subvenciones nunca adoptó "decisiones personales", sino que el libramiento de ayudas respondería a "codecisiones compartidas".
De hecho, relató a los agentes que como director general de Trabajo y Seguridad Social trasladaba al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) los expedientes relativos a las ayudas, que los elevaba a su "consejo rector", que finalmente "aprobó" las ayudas investigadas por la jueza Mercedes Alaya. Según Guerrero, él "daba cumplimiento a un mandato" dirigido a consolidar "la paz social" solucionando las situaciones de "personas, empresas y territorios en crisis".
Los agentes, que han venido desde Madrid para interrogarle según fuentes del caso, también le preguntaron sobre "algunas pólizas individuales" de seguro de rentas, aunque en algunos de estos casos Guerrero dijo que era incapaz de aclarar a los agentes determinados detalles de estas pólizas individuales.
En la declaración, en cambio, no se hizo alusión a las declaraciones realizadas por su exchófer, al que Guerrero entregó 1,5 millones entre dos ayudas a empresas fantasmas y una póliza a nombre de su madre, probablemente porque estas declaraciones se produjeron dentro de otras diligencias que llevaban dos juzgados de Andújar que Alaya pidió asumir, pero oficialmente aún no se ha producido ese traspaso, aunque está aprobado.
El propio Guerrero fue el que desveló fue el que confesó a la Policía Judicial, encargada anteriormente de la investigación, en diciembre de 2010 la existencia de un "fondo de reptiles" en la Consejería de Empleo para empresas en crisis y prejubilaciones. Guerrero se refería a la partida 31L, una fórmula supuestamente ajena a la Ley autonómica de Hacienda Pública y la fiscalización administrativa, que gracias a un acuerdo entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el IFA se libraron durante los últimos años 647.869.157,45 euros en ayudas. Éstas ni siquiera eran publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), por lo que la Policía Judicial concluyó en uno de sus informes que se trataría de un "incumplimiento flagrante" de la Ley General de Hacienda Pública de Andalucía.
Ésta sería así la segunda ocasión en la que Guerrero declara, sin que todavía haya sido citado ante la jueza Alaya. Los que sí han declarado ya son algunos de los intrusos acogidos a los ERE que, en su gran mayoría, son amigos de Guerrero. Casi todos coincidieron en señalar que creían que estas ayudas eran legales porque se las ofrecía un director general. De hecho, casi todos relatan el mimos modus operandi. Ellos acudían a Guerrero para contarle sus problemas económicos y poder lograr una solución. El exdirector general gestionaba estas ayudas, firmando pólizas a cargo de la Junta.
Muchos de estos intrusos son de El Pedroso, localidad natal de Guerrero, o de municipios cercanos de la Sierra Norte de Sevilla, entre ellos el exalcalde del citado municipio Rafael Rosendo, quien ha consignado en el juzgado la ayuda cobrada. Muchas de las empresas investigadas son de esta comarca sevillana.
