El ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero ha comparecido ante la Policía Judicial, a cuenta de su papel en la supuesta trama de prejubilaciones fraudulentas investigada por la juez Mercedes Alaya sobre numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) incentivados por la Administración autonómica. Guerrero figura como imputado en la causa y a él se le atribuyen presuntos delitos de prevaricación, cohecho, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias, toda vez que fue obra suya el acuerdo firmado entre su departamento y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) para el libramiento de subvenciones supuestamente al margen de la Ley General de Hacienda Pública.
El papel de Francisco Javier Guerrero en la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social es uno de los puntales de los que arranca la investigación emprendida por la Policía Judicial, a instancias de la juez Mercedes Alaya, en cuanto a esta "trama" de formalización de prejubilaciones fraudulentas. Y es que la Policía Judicial había puestos sus ojos en el "nuevo sistema" de ayudas autonómicas para expedientes de regulación de empleo o reestructuración de empresas en crisis creado por Guerrero al desembarcar en el citado cargo.
LA INCENTIVACION DE LOS ERE
Según la Policía Judicial, gracias a la firma de un acuerdo entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el por entonces Instituto de Fomento de Andalucía, la última de las instituciones se convertía en la pagadora de estas subvenciones "evitando los controles y la fiscalización propia" de este tipo de libramientos. Las ayudas libradas mediante este método, ni siquiera publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), constituyen según la Policía Judicial un "incumplimiento flagrante" de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.
Mediante esta fórmula, en concreto, habrían sido librados 647.869.157,45 euros para incentivar expedientes de regulación de empleo o ayudas a empresas en crisis, figurando entre las prejubilaciones de estos procedimientos personas que jamás habían trabajado en las empresas en cuestión.
En paralelo a estas diligencias, la Consejería de Empleo promueve una investigación interna en torno a estos expedientes de regulación de empleo, aspecto que se ha saldado hasta el momento con el descubrimiento de 59 'intrusos' o personas prejubiladas en empresas en las que nunca habrían trabajado, además de otras 87 incidencias relacionadas con prejubilaciones incentivadas con estos 647.869.157,45 euros. Estos expedientes de regulación de empleo en cuestión han sido promovidos por empresas como Mercasevilla, el restaurante Río Grande, 'SOS Cuétara', 'Cash Lepe', Calderinox, Bonpunt, Saldauto, Graficromo, Cydeplast, Smurfit, Hitemasa, Surcolor, Springer Arteferro y Germans.
DE NUEVO ANTE LA POLICIA JUDICIAL
Rosa Parra, la abogada que defiende los intereses de Francisco Javier Guerrero, ha informado a Europa Press de que Francisco Javier Guerrero prestó declaración el pasado viernes ante la Policía Judicial en el marco de estas diligencias, si bien sobre él no pesan "medidas cautelares algunas" y la juez Mercedes Alaya aún no le habría convocado al juzgado de Instrucción número seis. De cualquier manera, se le atribuyen presuntos delitos de prevaricación, cohecho, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias, según ha confirmado Rosa Parra.
Francisco Javier Guerrero ya había comparecido, en calidad de testigo, ante los agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial, desencadenando una intensa polémica al describir este ex alto cargo del Gobierno andaluz los citados 647,8 millones de euros como "un fondo de reptiles". No obstante, Guerrero se ha desligado públicamente de las prejubilaciones fraudulentas y ha rectificado su expresión de "fondo de reptiles" asegurando que hablaba de "un fondo para apuros, no con intención de nada oculto ni fuera de la Ley".
