El exdirector general de Trabajo y principal imputado en el caso del fraude en los expedientes de regulación de empleo pagados con fondos públicos, Francisco Javier Guerrero, estuvo ayer declarando durante cuatro horas y media ante la Guardia Civil. Se le había citado, por segunda vez, para responder por las acusaciones que vertió contra él su antiguo chófer en un juzgado de Andújar (Jaén), según explicó su abogado, Fernando de Pablo, antes de entrar con su cliente a la comandancia. El que fuera conductor de Guerrero durante gran parte del periodo en el que éste fue un alto cargo de la Consejería de Empleo (de 1999 a 2008) le acusó ante un juez jiennense de haber usado parte del dinero de las ayudas destinadas a los parados para "fiestas, copas y cocaína" que gastaban entre los dos.
Nada más terminar su declaración, Guerrero salió ayer al patio interior de la comandancia y estuvo unos minutos fumando un cigarro con su abogado y varios guardia civiles. Aprovechó para llamar a un taxi y acto seguido salió del edificio hablando por teléfono, esquivando a la prensa que esperaba en el exterior. Ni él ni su abogado hicieron declaraciones sobre el contenido del interrogatorio.
Estaba previsto que Guerrero prestara declaración como imputado mañana ante la juez que instruye el llamado caso ERE, sobre el fraude de las ayudas al empleo. Pero el abogado ha solicitado a la magistrada que postergue dicha declaración hasta la semana que viene, para que la jueza y las partes personadas en el caso -entre ellas el Gobierno andaluz y el Partido Popular- puedan preguntar sobre la nueva declaración policial que hizo ayer Guerrero. Por el momento, Alaya no ha respondido a la petición del abogado. En cualquier caso, todavía tendría que dictar un nuevo auto para establecer la fecha de su declaración la semana que viene.
Dos casos. La semana pasada, la jueza Alaya asumió la investigación de la denuncia del exchofer de Guerrero. Juan Francisco T.B. aseguró que el exdirector general de Trabajo le concedió subvenciones a dos empresas suyas por valor de 900.000 euros, que después gastaron en cocaína y fiestas. Alaya integró estas denuncias en el archivo del caso ERE.De la primera declaración de Guerrero ante la Guardia Civil, ésta concluyó que los exconsejeros de Empleo, Guillermo Gutiérrez, José Antonio Viera y Antonio Fernández (éste último imputado en la causa), estaban al corriente del procedimiento discrecional que usaba Guerrero para conceder las ayudas. El propio exdirector general de Trabajo les implicó directamente en la trama que investiga Alaya, y además aseguró que él mismo puso en duda el procedimiento de pago de los ERE -a través de transferencias de financiación- y que el entonces consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías, estaba al corriente de todo. Por último, Guerrero denunció que, después de que él abandonara su puesto, se ordenó destruir documentación en la Consejería de Empleo.El caso ERE gira en torno al fondo de la partida presupuestaria 31L, dotado con 647 millones, con el que supuestamente se pagaban ayudas a empresas de forma arbitraria y se beneficiaba a prejubilados en el ERE de firmas para las que nunca habían trabajado. Guerrero, que gestionaba ese dinero, lo denominó "fondo de reptiles".
