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Guerrero defiende que su reingreso en el funcionariado "no es una chulería", sino "una necesidad"

Esgrime que no quiere "perder" su condición de funcionario y que en  su familia "hace falta" una fuente de ingresos.

el 11 nov 2011 / 18:17 h.

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El que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la  Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, imputado en la presunta  trama de prejubilaciones fraudulentas detectada en numerosos  expedientes de regulación de empleo (ERE) incentivados con fondos  autonómicos, defiende que su solicitud de reincorporación al cuerpo  de funcionarios de la Administración andaluza "no es una chulería",  sino "una necesidad perentoria" a cuenta de las dificultades  económicas que sufre su familia. Guerrero, clave de las diligencias  que investiga el Juzgado de Instrucción número seis dado el cargo que  ostentaba, alega que la conclusión de la excedencia de la que gozaba  creaba un escenario en el que corría el riesgo de perder su condición  de funcionario.

En declaraciones a Europa Press, Francisco Javier Guerrero ha  explicado que el pasado 1 de noviembre expiraba "la excedencia" que,  como funcionario de la Junta de Andalucía adscrito al Servicio  Andaluz de Empleo (SAE), había solicitado hace años, por lo que  previamente resolvió "ejercer el derecho de reincorporación" que le  asiste como miembro del cuerpo de funcionarios de la Administración  autonómica. "Si no pido mi reincorporación, perdería mi condición de  funcionario", se ha encogido de hombros el ex director general de  Trabajo y Seguridad Social, propulsado además al centro del debate  político al haber definido como "fondo de reptiles" la partida  presupuestaria 31L, destinada a respaldar económicamente la  reestructuración de empresas andaluzas en crisis.

"NO ES UNA CHULERIA", "SINO UNA NECESIDAD"

"Esto no es una chulería, es una necesidad", ha enfatizado  Francisco Javier Guerrero alegando que su familia, como cualquier  otra, necesita ingresos para subsistir y "comer todos los días".  "Esto hace falta en mi casa. Mi mujer se ha puesto a trabajar", ha  insistido Guerrero, quien asegura que para su familia es "perentorio"  conseguir una fuente de ingresos para salir adelante como el resto de  familias. De tal manera, Francisco Javier Guerrero ha resumido que si  ante la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública de la  Consejería de Hacienda y Administración Pública ha reclamado su  "reincorporación" al funcionariado, ha sido "porque no quiero perder  mi condición de funcionario" y porque para su familia constituye "una  necesidad" conseguir ingresos para subsistir.

"Yo decido ejercer mi derecho al reingreso en el funcionariado  porque no quiero perder mi condición de funcionario y porque me hace  falta", ha reiterado finalmente el que fuera director general de  Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía.

LA TRAMA DE LOS ERE

La juez Mercedes Alaya, desde el Juzgado de Instrucción número  seis de Sevilla, investiga una presunta trama de prejubilaciones  fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de  empleo promovidos por empresas andaluzas y financiados con cargo a la  partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos. Concretamente,  mediante un acuerdo rubricado entre la Dirección General de Trabajo y  Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía  (IFA), durante los últimos años la segunda de las instituciones  habría librado 647.869.157,45 euros para la reestructuración de  empresas en crisis con cargo a la partida 31L, fórmula supuestamente  ajena a la Ley autonómica de Hacienda Pública y la fiscalización  administrativa.

Las ayudas libradas mediante este método, ni siquiera publicadas  en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), constituyen  según la Policía Judicial un "incumplimiento flagrante" de la Ley  General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. Hasta el  momento, la Consejería de Empleo ha detectado un total de 72  prejubilaciones totalmente falsas, extremo que investiga la citada  instancia judicial.

EL PAPEL DE GUERRERO

A tal efecto, el papel de Francisco Javier Guerrero en los hechos  en cuestión es verdaderamente clave al haber liderado aquellos años  la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social. Muchos de los  beneficiarios de las falsas prejubilaciones, financiadas con cargo a  expedientes de regulación de empleo promovidos por empresas en las  que los aludidos nunca habían trabajo, le señalan de hecho en sus  comparecencias ante la Policía Judicial y la juez Alaya.

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