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Guerrero firmó dos ERE con la misma 'intrusa'

Su rúbrica aparece en la documentación del expediente de Río Grande que incluye a Carmen Frontera entre las prejubilaciones sin haber trabajado allí y cuyo nombre también aparecía en el ERE de Mercasevilla de 2003. El PP llevará a la Junta a los tribunales si no aporta al Parlamento la documentación pedida sobre las irregularidades.

el 20 feb 2011 / 21:01 h.

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El presidente del PP-A, Javier Arenas, ayer en un acto en Sevilla en el que aportó nueva documentación sobre el caso de los ERE.
El ex director general de Trabajo Francisco Guerrero avaló con su firma la inclusión como falsa prejubilada de una misma persona en dos ERE de la supuesta "trama" fraudulenta que investiga el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla. El PP hizo público ayer un documento con su firma en el que da el visto bueno a la póliza para financiar el ERE de Río Grande y donde aparece el nombre de Carmen Fontela, que nunca trabajó en esta empresa. Se da la circunstancia de que este nombre ya apareció en el expediente de Mercasevilla de 2003, que también recibió el visto bueno de Guerrero.

 

Según los documentos, el ex director general de Trabajo, que fue quien reveló a la Policía Judicial la existencia de "un fondo de reptiles para empresas en crisis", aprobó la póliza para 13 trabajadores del restaurante Río Grande. En el listado de trabajadores que la aseguradora Vitalia (una de las investigadas por la Policía por aparecer en la mayoría de los ERE bajo sospecha junto a Uniter) remitió a la Junta incluía a Fontela, quien recibió por este ERE 140.000 euros, pese no haber trabajado en la empresa.

Fontela ya apareció en la documentación del ERE de Mercasevilla de 2003, cuya póliza también fue aprobada por Guerrero. No obstante, nunca llegó a cobrar nada por este expediente. Guerrero ha negado en todas sus declaraciones su responsabilidad, pues él asegura que "le colaron" los nombres. Sin embargo, uno de los responsables de Vitalia explicó que otro de los nombres incluidos de forma ilegal en el ERE de Mercasevilla de 2007, el del ex socialista Antonio Garrido Santoyo, contaba con la "autorización" de Guerrero. Precisamente, la aprobación de este ERE fue el que causó el cese del director general en la Junta, que siempre se ha desvinculado del pago de las pólizas a los trabajadores.

En el mismo acto en el que PP hizo pública esta documentación, el líder popular Javier Arenas anunció que llevará a la Junta ante los tribunales si no remite al Parlamento la información requerida sobre los ERE:los tres informes de la Intervención General contra el sistema de subvenciones habilitado y el aval jurídico con el que el exconsejero José Antonio Viera afirma que contó en 2001 para implantar esta fórmula por la que mediante un acuerdo con el IFA (luego IDEA) era este organismo el encargado de pagar las ayudas. La Junta justifica este sistema por la necesidad de agilizar el trámite pero la oposición denuncia que el objetivo era escapar al control. Arenas criticó que la Junta se escude en que ha llevado la información a la Justicia "para tapar el ejercicio de control en la Cámara andaluza".

Moreno ve "retorcido" apuntar a Griñán

La consejera de Presidencia de la Junta, Mar Moreno, salió ayer el paso del intento del PP por apuntar directamente a la responsabilidad del presidente Griñán en las irregularidades de los ERE al ser él, como consejero de Economía, quien firmaba las transferencias presupuestarias para las ayudas a las empresas en crisis y quien realizó los informes de la Intervención contra el sistema. Moreno calificó este intento del PP de “retorcido”,  “impresentable” y “ridículo”. “Es como si nosotros pretendiéramos acusar a Javier Arenas porque él como ministro de Trabajo también tuvo la obligación de haber enviado a la Inspección”, subrayó.

Ayer, el propio Arenas insistió en las “responsabilidades políticas” que en este asunto tienen tanto el presidente Griñán como su antecesor Manuel Chaves. Pero el punto más álgido del cruce de se produjo el viernes cuando el vicepresidente de Comunicación del PP, Esteban González Pons, acusó a Griñán de estar “implicado personalmente” y el PSOE-A amenazó con querellarse.

El caso de los ERE ha monopolizado el debate en el Parlamento y el Congreso y seguirá haciéndolo pese al rechazo del PSOE a abrir una comisión de investigación en la Cámara. El PP encuesta en su web a los andaluces si quieren esa investigación.

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