La supuesta implicación del vicepresidente Diego Valderas en el caso ERE ya forma parte de la dialéctica política Junta-oposición, como quedó patente ayer en la sesión de control al Gobierno, cuando los populares exigieron a la presidenta Susana Díaz que pidiera explicaciones a su socio de gabinete. El día antes había trascendido que la jueza Mercedes Alaya, que instruye el fraude en los expedientes de regulación de empleo, ha ordenado a la Guardia Civil investigar una denuncia del principal imputado en el caso, Francisco Javier Guerrero, director general de Trabajo, que acusa al vicepresidente de haber participado «activamente» en la concesión de ayudas ilegales a dos empresas de Huelva. Guerrero también señala al presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos. Sin embargo, en el mismo auto, Alaya rechaza la solicitud del abogado de Guerrero para que llame a declarar a Valderas «hasta tanto no conste el resultado de la investigación» en curso. La jueza no tiene potestad para citar al vicepresidente como imputado, puesto que es aforado, pero sí como testigo. A esta posibilidad se agarró ayer el letrado de Guerrero, Fernando De Pablo, que envió un insólito comunicado a los medios, cargado de ironía, reclamando a la jueza que haga testificar a Valderas. «El golfo», dice la nota en referencia a su cliente, «planteó a su letrado que dada la poca credibilidad que tenía su palabra, según los señores Valderas y Villalobos, a lo mejor sería conveniente citar como testigos a personas que gozan de gran predicamento y veracidad en la comunidad andaluza y, ¿quiénes gozan de más credibilidad que estos señores?». En los mismos términos, el abogado se dirige a la jueza a quien solicita «la testifical de ambos con el fin de que su categórica palabra adverara que las ayudas se tramitaban correctamente». La negativa de Alaya a citar a Valderas en los juzgados no disuadió al PP en el Parlamento. Tampoco las explicaciones que el día anterior había ofrecido el vicepresidente, quien recordó que en los años en los que se le atribuye la gestión de las ayudas públicas bajo sospecha, con cargo al fondo de los ERE, él ni formaba parte del Gobierno andaluz ni era diputado autonómico ni ocupaba cargo público alguno (2004-2008). En la sesión de control, el portavoz del PP-A, Carlos Rojas, inquirió a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, a que pidiera explicaciones a su socio de Gobierno «por lo que está siendo investigado por la justicia». «¿Le ha pedido explicaciones al señor Valderas o es el pacto de silencio de ida y vuelta y ahora Valderas se lo está cobrando?», preguntó Rojas, que ayer sustituía al presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, ausente por un viaje personal. Díaz le replicó sin titubear: «Con mis socios me pongo de acuerdo para dar estabilidad al Gobierno». La presidenta no mencionó a Valderas ni el caso ERE, y se limitó a mofarse de la interinidad de Rojas. Entre 2004 y 2008, años en los que Guerrero vincula al vicepresidente de la Junta con dos ayudas a las empresas Autologística de Andalucía S.A. y Centro Limpieza Industrial Huévar, Valderas era coordinador regional de IU, pero no ostentaba cargo público. El número dos del Gobierno andaluz no recordaba el miércoles haberse reunido con Guerrero o con algún miembro de estas dos empresas. «Como portavoz de una fuerza política, te reúnes con infinidad de gente que te llama», apuntó. Valderas se quejó del «señalamiento político» y del «juicio paralelo» que está sufriendo. «Tengo la conciencia tranquila, pero me parece tremendamente injusto», dijo.