Según Guerrero, la Policía Judicial contactó con él -a raíz de la investigación judicial sobre las irregularidades detectadas en el ERE de Mercasevilla en el que se incluyeron al menos dos personas que nunca trabajaron para la empresa- para "una charla coloquial para hablar de cómo funcionaban los ERE", que al día siguiente "se convirtió en una declaración como testigo" firmada. Tras estas pesquisas, la juez dictó un auto para abrir dos causas separadas -por el ERE de Mercasevilla y por otros dos en Río Grande e Hitemasa- en el que habla de una "trama" de uso fraudulento de los ERE, de la que Guerrero se desvincula en la nota: "No soy autor ni partícipe de ninguna trama, toda mi gestión se ha hecho de acuerdo con los instrumentos de gestión que me han otorgado".
El informe policial alude a la inclusión, en las pólizas de seguros suscritas para el pago de las prejubilaciones una vez acordados los ERE -y autorizadas por el director general-, de personas no vinculadas a las empresas, una irregularidad que la Junta ha detectado en otros 12 ERE de los 37 revisados en el marco de una investigación interna a raíz del caso Mercasevilla. Sin embargo, Guerrero asegura que "la totalidad de las personas que han gozado de ayudas a la prejubilación" fueron "mandatadas por empresas, organizaciones sindicales, ayuntamientos, corporaciones de derecho público, etc".
Las ayudas eran tramitadas como transferencias de financiación de explotación, pese a que la Intervención General de Hacienda aconsejó hacerlo como subvenciones excepcionales, un sistema más ágil y que no requiere su publicación en BOJA ni la aprobación del Consejo de Gobierno y según Guerrero, se concedían no a la empresa en conjunto sino "a título individual" a los afectados. Empleo también defendió que se otorgaban a cada persona y por tanto no alcanzaban la cuantía que exige pasar por el Consejo de Gobierno.
Guerrero concluye su comunicado criticando el "brutal juicio paralelo" que se le está haciendo y pidiendo a los medios, todos los partidos y la propia Junta que "hagan sus valoraciones y tomen sus medidas" en base a su "declaración firmada" y no al informe de la Policía Judicial.
Empleo ampliará su revisión a ERE ya finalizados
La Consejería de Empleo ampliará su investigación sobre los ERE en los que se destinaron ayudas públicas para prejubilaciones a cualquier expediente con "indicios fundados" de irregularidad, ya sea por denuncias, sospechas a partir de otro ERE o incluso "información de periodistas que nos pongan sobre aviso", según el consejero, Manuel Recio. Actualmente, se están analizando los 45 expedientes vivos (las ayudas a los prejubilados siguen vigentes), todos a partir de 2001, pero Recio aseguró ayer que se investigarán toda sospecha sin límite temporal -salvo que la responsabilidad administrativa haya prescrito-, e independientemente de sean ERE ya expirados y que se reclamará la devolución del dinero desviado. El Correo informó el miércoles de que un juez investiga un ERE de 1991 en el que se desviaron ayudas para prejubilaciones y por el que hay tres acusados.
Hasta ahora, la Junta ha analizado 30 de los 45 ERE vivos y ha detectado 37 irregularidades en los de doce empresas: SOS Cuétara, Cash Lepe, Calderinox, Bonpunt, Saldauto, Graficromo, Cydeplast, Smurfit, Hitemasa, Surcolor, Springer Arteferro y Germans, además de los ya denunciados en Mercasesevilla y Río Grande. Aunque el presidente Griñán alertó ayer de que, entre los prejubilados incluidos sin trabajar en la empresa, podría haber nombres falsos pero según Recio en las irregularidades detectadas -entre los 37 intrusos hay tres socialistas- no es así.
En todos ellos la Junta dio las ayudas para las prejubilaciones mediante transferencias de financiación de explotación, pese a los informes contrarios de Hacienda. Ayer, Recio dejó claro que de esos informes "no se tiene que deducir que hay una ilegalidad o que no se toman en cuenta criterios" de la Intervención sino que son "debates internos" sobre la técnica administrativa en los que "a veces hay discrepancias entre organismos" que buscan la mejora del sistema, que finalmente se cambió. Sobre la posibilidad de que el caso salpique a sus antecesores, se limitó a suponer que "todos han hecho lo mejor que estaba en su mano para gestionar su competencia".
