L. Blanco / I.Morillo
El principal imputado en el caso ERE, el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, abandonó ayer tarde la cárcel en plena polvareda tras levantarse el secreto de sumario sobre la supuesta trama corrupta tejida con fondos públicos de la Consejería de Empleo. A su salida, declaró a las cámaras de Televisión Española que está fantástico, deseando salir. La jueza Mercedes Alaya ordenó ayer la puesta en libertad sin fianza de Guerrero, que desde el pasado 20 de marzo volvió por segunda vez a prisión dentro de la Operación Heracles, en la que la magistrada amplió la investigación a las supuestas comisiones cobradas por las aseguradoras y que engordaron la trama en unos 50 millones de euros. En esa segunda fase, Alaya imputó a 22 personas más en el caso ERE y volvió a meter en prisión sin fianza alegando riesgo de fuga al ex director general de Trabajo. Guerrero que ya estaba imputado por malversación, prevaricación y cohecho, fue también acusado de blanqueo, tráfico de influencias, asociación ilícita y delito fiscal.
El exalto cargo de Empleo es uno de los principales imputados al ser el responsable de conceder las ayudas públicas para empresas en crisis manejó un fondo de más de 1.000 millones de euros. Con este dinero la Junta subvencionaba expedientes de regulación de empleo en los que se investiga la inclusión de falsos prejubilados y malversación de fondos públicos, que presuntamente acabaron en manos de aseguradoras, mediadores y conseguidores, sindicatos y responsables políticos. Ayer, a su salida, y preguntado sobre si le guarda rencor a la jueza Alaya dijo: Entiendo que es su trabajo. Guerrero salió de Sevilla I a las ocho de la tarde, donde fue a recogerlo su abogado, Fernando de Pablo, con quien se fundió en un abrazo al tiempo que apuraba un cigarrillo y sonreía ampliamente. No tuvo que pagar fianza. Según explicó su letrado, en el auto que ordena su puesta en libertad la jueza esgrime que tras el levantamiento del secreto que pesaba desde noviembre sobre el sumario, ya no hay motivo para mantenerlo en prisión, pese a que inicialmente la magistrada se opuso al recurso presentado por su abogado. Precisamente, tras este rechazo, el letrado recurrió en apelación a la Audiencia, que estaba pendiente de pronunciarse si bien la Fiscalía Anticorrupción ya se había pronunciado en contra por riesgo de fuga.
Guerrero ya estuvo en prisión durante siete meses tras su primera detención en abril de 2012. En octubre salió tras pagar una fianza de 50.000 euros, rebajada respecto a los 250.000 que inicialmente dictó la jueza Alaya. El pasado marzo, en el marco de la Operación Heracles, la jueza citó a Guerrero que mantenía retirada la documentación al no poder abandonar el país y debía presentarse periódicamente en los juzgados la misma mañana en la que se desplegó la operación policial. Tras esta comparecencia ante la jueza, Alaya ordenó de nuevo su ingreso en prisión provisional y sin fianza por riesgo de fuga, de alteración de pruebas y de contacto con otros implicados y acusado de presuntos delitos de malversación, prevaricación, blanqueo, cohecho, falsedad y contra la Hacienda Pública.
Con la puesta en libertad de Guerrero queda en prisión el exsindicalista Juan Lanzas, mediador en muchos de los ERE y que según la investigación pudo amasar más de 15 millones de euros en sobrecomisiones como conseguidor. La jueza envió igualmente al exsindicalista a la cárcel sin fianza, si bien tras el recurso de su abogado, la Audiencia le ha impuesto 450.000 euros para salir. Ayer, preguntado por los periodistas cerca de su domicilio y una vez que había salido de la cárcel, Guerrero aseguró que había visto a Lanzas en la cárcel porque estaban en el mismo módulo pero dijo que no habló con él. Permanecen aún en prisión, bajo fianza, los exdirectivos de Vitalia Eduardo Pascual y María Vaqué y el testaferro de Lanzas, Eduardo Leal.
Guerrero había recurrido la prisión y presentó un escrito en el que su abogado criticó que Alaya elaboró en dicho auto una teoría conspirativa nada cercana a la realidad, rechazando la existencia de riesgo de fuga, pues nada hay en su comportamiento que haga pensar que quiera eludir sus compromisos judiciales.
El exdirector de Trabajo, a quien la Guardia Civil le ha destapado un patrimonio de cuatro inmuebles y 300.000 euros. sale en libertad justo cuando trascienden los detalles de un sumario que deja al descubierto un gran entramado, con ganancias millonarias de los acusados, un papel clave de las aseguradoras, los sindicatos implicados y testaferros empleados para evadir lo presuntamente robado. También se ha sabido que el exchófer de Guerrero, Juan Francisco Trujillo, el mismo que declaró que gastaba 25.000 euros con su exjefe en cocaína, señaló ante la jueza que el diputado y exconsejero de Presidencia, Gaspar Zarrías, llamó varias veces a Guerrero para incluir intrusos y que éste se reunió con Griñán. El exdirector general de Trabajo no ha confirmado esta declaración, que desde el PSOE niegan. Su abogado reiteró ayer que colaborará con la Justicia.
