El PSOE de Utrera, a través de uno de sus concejales Fernando Alcaide Villalobos, ha denunciado modificaciones sustanciales y carencias en el proyecto del complejo deportivo que se ubicará en la zona de La Mulata.
El socialista señaló que el asunto ya se denunció en la comisión informativa preparatoria y en el pleno celebrado para la aprobación del proyecto, "donde se pusieron de manifiesto las graves carencias existentes".
Según afirmó Alcaide, dichas modificaciones han obligado al alcalde, Francisco Jiménez (PA), a solicitar un nuevo informe complementario donde se recogiera por parte de la empresa adjudicataria un reformado que garantice que la piscina tiene que tener unas dimensiones de 25 metros por 16,5 metros, que son las medidas necesarias para estar homologada y poder celebrar competiciones oficiales. También exigió la colocación de las gradas, otra de las carencias detectada por el edil socialista, dado que estaban incluidas dentro de las mejoras de la oferta.
Fernando Alcaide manifestó que desde que se presentó el proyecto por primera vez en el año 2005 se han dado también otros cambios "sustanciales". Así, según el concejal, se produce una disminución del presupuesto pasando de los 6.350.000 euros a los 5.481.133, con una reducción en la inversión cercana a los 900.000 euros. Aunque disminuye la inversión, aumenta la edificabilidad pasando de 4.136 metros cuadrados a 5.837, lo que para el PSOE "resulta sorprendente que aumentando la edificabilidad disminuya el costo de la obra. Parece que sólo pasa en Utrera, y no es el único caso, ya alertamos de un caso similar con la implantación del gas ciudad".
Asimismo, el socialista lamentó que en el acta de adjudicación no se recogen ni la oferta en relación con el personal que se iba a contratar inicialmente ni la política tarifaria propuesta por la empresa adjudicataria, y de la que el PSOE "tomó buena nota, ya que el precio de la matricula propuesta en junio de 2006, era un 500% más cara que la que se paga en la piscina pública municipal". Por todo ello, el concejal socialista cree que "la cesión de un terreno de propiedad municipal, más que para la prestación de un servicio público, será claramente limitado a aquellas personas que cuenten con un alto poder adquisitivo".
