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Hacia un Estado aconfesional

De nuevo, algunos de los más altos representantes de la jerarquía eclesiástica caen en la desmesura y la exageración al afirmar que existe "una fuerte tentación de declarar la muerte de Dios" o que "en España no hay libertad religiosa", responsabilizando de todo ello al Gobierno socialista y a su Presidente.

el 15 sep 2009 / 05:49 h.

De nuevo, algunos de los más altos representantes de la jerarquía eclesiástica caen en la desmesura y la exageración al afirmar que existe "una fuerte tentación de declarar la muerte de Dios" o que "en España no hay libertad religiosa", responsabilizando de todo ello al Gobierno socialista y a su Presidente. Sin embargo, un análisis sereno y objetivo, alejado de cualquier tipo de fanatismo o fundamentalismo, nos demuestra que la realidad es justamente la contraria de la proclamada por sus eminencias. En la anterior legislatura la Iglesia católica recibió un trato de favor frente a las demás confesiones religiosas, en dos ámbitos de gran trascendencia como son la educación y la financiación, incrementándose su asignación tributaria del 0,52% al 0,7%.

En el ejercicio de su libertad y de su magisterio, un sector de la jerarquía convocó la manifestación en defensa de la familia e intervino directamente en la campaña electoral pidiendo el voto para una concreta opción política. De ahí la necesidad de afrontar una situación y un problema que no va a ser fácil de solucionar, sobre todo cuando una de las partes, en este caso la Iglesia o sus representantes más conspicuos pretenden sustituir la laicidad del Estado por una "sana laicidad" entendida como reconocimiento de la moral propuesta e interpretada por la Iglesia y sus representantes como fundamento irrenunciable de la democracia. Para los obispos ultramontanos es ésta la única alternativa al relativismo ético que amenaza a la sociedad moderna y que puede desembocar en horrores y tragedias similares a los vividos y padecidos en el último siglo.

Y este estado de ánimo y esta opinión no son exclusivos del episcopado español, sino compartido y alentado por el Vaticano que considera la situación actual hostil al mensaje religioso y en particular al cristianismo y sostiene que la civilización actual debe basarse en los principios inmutables de la moral natural según la interpretación dada por la Iglesia Católica, antes que en la libertad y la autodeterminación del individuo.

En la adopción de sus decisiones, el Gobierno socialista debe tener en cuenta la situación real de la sociedad española, la aconfesionalidad del Estado consagrada en la Constitución y no puede olvidar el legado laico que a lo largo de su historia ha caracterizado al socialismo español y, sobre todo, al contenido de su programa electoral. Por ello, entiendo como medida insuficiente la reforma solamente de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, hoy totalmente desfasada, y por ello se impone como complemento necesario e insustituible la negociación de unos nuevos acuerdos con el Estado Vaticano. Los ratificados en 1979 responden a una situación política y social ya superada y después de treinta años necesitan una profunda revisión y puesta al día.

Frente a la intransigencia que revelan algunas manifestaciones episcopales, el Gobierno deber ser firme y colocar a todas las confesiones religiosas en el lugar que les corresponde en una sociedad secularizada y en un Estado aconfesional.

Antonio Ojeda Escobar es notario

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