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Hacienda ahoga la financiación de las empresas públicas y fuerza duros recortes

La partida para hospitales y otros entes sociales cae un 7% de media, otros, como EPSA, pierden el 40%

el 31 oct 2012 / 20:58 h.

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Para que las empresas públicas andaluzas ejecuten, forzosamente, el mismo sacrificio económico que ya sufrió la administración general con la aplicación del plan de reequilibrio (bajada salarial de los funcionarios), la Junta les ha cerrado el suministro financiero. Las transferencias a los entes instrumentales en el Presupuesto autonómico de 2013 caerán un 11%, aunque la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, distinguió ayer entre dos tipos de empresas públicas: las que tienen un carácter social, como el hospital Costa del Sol o el Servicio de Infraestructuras Educativas, perderán menos que el resto (un 7% de media). Los entes instrumentales vinculados a la sanidad, la educación y los servicios sociales, representan el 86% del sector.

En términos absolutos, el dinero que la Junta destina a financiar las empresas públicas ha caído de los 3.321,5 millones del presente ejercicio a los 3.064,8 millones en 2013, un 11% menos. En algunos de los entes el recorte es tan abrupto que parece improbable mantener toda la plantilla. La Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), por ejemplo, pierde el 40% del presupuesto (3.743 millones). La Agencia del Conocimiento es la única que aumenta su presupuesto en 35 millones. La Agencia de la Dependencia pierde un 5%; el Ente de Infraestructuras Educativas cae un 17%; la Agencia para el Medio Ambiente apenas pierde un 2% y Cartuja 93 se queda en presupuesto cero (755 millones menos).
La Junta mantendrá estable en 118 millones su aportación a la (RTVA), mientras otras comunidades, como Valencia o Madrid, han empezado a desmantelar sus medios o privatizar servicios. "Seguimos creyendo que la televisión andaluza es un servicio público y no lo vamos a privatizar", zanjó Aguayo. El presupuesto de explotación de RTVA caerá unos 50 millones respecto al actual ejercicio, para situarse en torno a los 160 millones (frente a los 219 millones del año en curso).

En realidad, el ajuste presupuestario conduce necesariamente a la partida de personal, que es la que más dinero absorbe en las empresas públicas (donde trabajan casi 23.000 personas). Los Presupuestos, como tal, no contemplan despidos ni bajada salarial ni reducción de jornada. Cualquiera de estas opciones dependerá de la dirección de las empresas, que tendrán que elegir la mejor fórmula para cumplir un objetivo: hacer lo mismo con menos dinero que antes. "Esto", dijo Aguayo, "no está en los Presupuestos. Aquí no hay ningún plan de reequilibrio en el sector público, porque éste ya se presentó en 2010. Es ahora cuando todas las medidas del plan se visualizan con toda su crudeza".
La dieta que elijan las empresas para adelgazar sus cuentas depende de ellas. Pero ésta es sólo la teoría. Los socios de Gobierno, PSOE e IU, quieren que la Junta, junto a los sindicatos, tutelen el proceso de reconversión del sector público. La idea es dibujar una hoja de ruta con los agentes sociales e intentar esquivar el mayor número de despidos posibles, "pero todos no se salvarán", advierten. Las alternativas que baraja la Junta son: proponer expedientes de regulación de empleo temporal, planes de movilidad para derivar al personal excedente de una empresa a otra donde sea más necesario, o reducciones de salario y jornada. IU da por hecho que no se llegará a un acuerdo con los sindicatos, las empresas y los empleados antes de final de año, como había previsto la consejera de Hacienda.

Los recortes en las cuentas de los entes instrumentales son la pata más inestable del Presupuesto por varias razones: porque el sector público está muy castigado desde que se aprobó el polémico plan de ajuste, que eliminó y fusionó empresas, mezclándose funcionarios que habían entrado por oposiciones con personal contratado. Se creó un cisma dentro de la administración y un pulso entre los sindicatos de la Función Pública, y todo desembocó en una relación volcánica entre la Junta y sus empleados que aún no se ha calmado.

Aguayo insiste en que su voluntad es "mantener el máximo empleo público posible". "No hay exceso de empleados públicos", reiteró, recordando que en Andalucía la relación de empleados públicos por cada mil habitantes (30,1%) es inferior a la media nacional (31,3%). La Junta rehuye el camino que ha elegido Valencia, que en sus cuentas para 2013 incluye 3.000 despidos. Andalucía diseñó un plan de ajuste alternativo para cumplir con el aumento de la jornada laboral de 37,5 horas impuesto por el Gobierno central. Para alcanzar el ahorro comprometido con el Ministerio de Hacienda podía haber despedido a 30.000 trabajadores, pero optó por el "sacrificio solidario", y amortiguó el golpe bajando el sueldo a funcionarios y recortando jornada y paga a interinos.

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