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Hacienda desmiente un plan para prejubilar a funcionarios

La Junta se apresura a negar la denuncia de CSIF de despidos incentivados entre el personal de la administración.

el 28 mar 2011 / 20:17 h.

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Protesta de funcionarios ante la reunión de la mesa de función pública.

El sindicato mayoritario de funcionarios en la administración general andaluza, CSIF, forzó ayer a la Consejería de Hacienda a desmentir "rotundamente" los rumores de un supuesto plan de la Junta para aprobar un expediente de regulación de empleo (ERE) entre el personal laboral de más de 55 años. Entre la denuncia de CSIF y la respuesta de Hacienda apenas pasó una hora.

El colectivo de funcionarios y la Junta mantienen la cuerda tensa desde el polémico desarrollo y posterior aprobación de la reforma del sector público. Entonces la Junta se vio arrinconada por sus trabajadores, que acusaron al Gobierno andaluz de privatizar una parte del sector público y dejar entrar por la puerta de atrás a empleados contratados a dedo. Aunque Hacienda siempre lo negó y trató de explicar al detalle el decreto ley de reordenación del sector público, el mensaje contrario caló entre los funcionarios y las manifestaciones y protestas masivas en la calle fueron inevitables.

Ese clima de hostilidad explica por qué Hacienda ha reaccionado de inmediato y "rotundamente" a las denuncias de CSIF. El sindicato explicó ayer que algunos de sus afiliados, funcionarios cercanos al departamento de Recursos Humanos de varias consejerías, han alertado de que la Junta está "rumiando" un plan de despidos incentivados o prejubilaciones para el personal laboral mayor de 55 años.

"Últimamente se están sucediendo consultas por parte de miembros de sindicatos representados mayoritariamente en los comités de empresa, que preguntan quiénes y cuántos son los trabajadores de más de 55 años que prestan sus servicios en las diferentes consejerías, organismos autónomos y delegaciones provinciales, alegándose que estos datos servirían para su inclusión en posibles tramitaciones de jubilaciones anticipadas", rezaba el comunicado del sindicato.

La Consejería de Hacienda y Administración Pública aseguró ayer que el supuesto plan para prejubilar a miles de empleados de la administración lo habían difundido "trabajadores anónimos" y desmintió "rotundamente" esta denuncia. "Eso es justo lo que buscábamos: una negativa clara, urgente y pública por parte de la Junta", advirtió la portavoz de CSIF, Alicia Martos. la reforma.

El pasado mes de julio, antes de que se presentasen los decretos ley de reordenación del sector público, CSIF hizo la misma denuncia que ahora y advirtió de que "los derechos y condiciones de trabajo del personal funcionario y laboral de la Administración General de la Junta se verían seriamente perjudicados". "Es entre el personal laboral donde se ciernen los peores augurios pues al no gozar de inamovilidad en sus puestos de trabajo, es la parte más débil del empleo público", dijo entonces.

CSIF, que supera en afiliados a CCOO y a UGT en la mesa sectorial de función pública, sostiene que la reforma del sector público da entrada a 20.000 trabajadores procedentes de las empresas públicas, fundaciones y consorcios, elevando el personal de la administración de 50.000 a 70.000, lo cuál la convierte en "prácticamente insostenible para las arcas públicas". Hacienda mantiene que los salarios de empleados que trabajan directa o indirectamente para la administración serán los mismos.

La Junta sólo ha sacado este año una oferta de empleo público para la administración general de 750 plazas -500 de acceso libre y 250 de promoción interna-. Lo reducido de la oferta se debe al plan de ajuste del déficit aprobado por el Gobierno central, que sólo ha permitido renovar al 10% de los funcionarios jubilados este año. La Junta ha decidido que la administración general soporte el mayor recorte de plantilla, para así salvar la oferta de empleo en educación, que ha sido la más abultada de España (unas 3.800 plazas de maestro).

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