La consejera de Hacienda , Carmen Martínez Aguayo, reconoció ayer que el Gobierno andaluz arrastra desde hace tiempo una deuda millonaria con sus proveedores, sobre todo con las pequeñas constructoras encargadas de obra pública a las que adeuda, según datos de la patronal Ceacop , 950 millones de euros. Por ahora, la Junta no puede asumir el abono de esta cantidad, según explicó ayer Aguayo en el Parlamento, porque "la situación de los mercados obliga a acompasar la política de pagos con los ingresos y eso crea retrasos en el pago". Es decir, mientras el ritmo de ingresos en las arcas públicas sea tan lento, la Junta no puede aclarar cuándo saldará sus deudas.
La patronal Ceacop (Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública) ha denunciado a la Junta ante la Fiscalía por incumplir la ley de morosidad, ya que hace dos años que adeuda esos 950 millones a constructoras y consultoras de obra pública: la Consejería de Obras Públicas y Vivienda debe 600 millones, la de Medio Ambiente (150), Salud (90) y Educación (50). Sin liquidez, muchas pymes han quebrado o han tenido que despedir a personal. Ceacop, que representa a 350 empresas, calcula que la morosidad del Gobierno andaluz provocará la pérdida de 60.000 puestos de trabajo en el ya de por sí dañado sector de la construcción.
Todo esto lo expuso ayer el diputado de IU Pedro Vaquero durante una comisión parlamentaria en la que la consejera ni admitió ni desmintió la cuantificación de la deuda que hace la patronal. "Nosotros atendemos nuestras obligaciones de pago", respondió Aguayo, y acto seguido explicó cuál es el criterio que sigue Hacienda para saldar sus deudas en tiempo de crisis: se da prioridad a los pagos con fecha fija de devengo y a los que vienen con calendario: las nóminas, el vencimiento de deuda pública, la participación en impuestos de ayuntamientos, las becas, la ley de dependencia, los gastos del Parlamento... Todo ello supone el 56% del presupuesto andaluz, y la Junta hace frente a esos pagos "sin retrasos por dilación".
El resto es la deuda a empresas y particulares, que supone "un cuarto del dinero público", y que se abona teniendo en cuenta la fecha de entrada en el registro de Tesorería. "Aquí es donde se produce el desajuste en los pagos que estamos intentando solucionar, pactándolo con el sector", dijo.
Apurar el déficit. Aguayo también negó rotundamente que el Ministerio de Economía y Hacienda haya rechazado el plan andaluz de reequilibrio económico y financiero, como sugiere el PP. El departamento de Elena Salgado aprobó el plan de ajuste de siete comunidades el pasado 7 de abril, y dejó otros seis pendientes, entre ellos el de Andalucía. Aguayo explicó ayer que todo plan de ajuste depende de la cadencia en el endeudamiento de cada comunidad y de lo que apure su liquidez, y que este año la Junta no tenía esa "necesidad imperiosa" de agotar el plazo.
El ministerio no dio el visto bueno en abril porque quería conocer cómo iba el proceso de venta de activos patrimoniales mediante el sistema sale&leaseback (la Junta vendió algunos de sus edificios y luego alquiló las dependencias). Previsiblemente el plan de ajuste se aprobará en julio, y Aguayo ya ha pedido "hacer uso del mayor margen de déficit que se autorice a las comunidades", ya que el endeudamiento acumulado de Andalucía sobre el PIB fue del 8,5%, cuando la media está en el 10,9% (2,4 puntos por debajo).
