El Estado hizo finalmente caso a un nutrido grupo de alcaldes sevillanos y destensará algo esa soga que se cierne sobre las cuentas de los Haciendas locales. El alcalde de Marchena, Juan Antonio Zambrano (PSOE), abanderó un movimiento para solicitar al Ministerio de Hacienda "mayor flexibilidad, similar a la que se otorga a los bancos" en los plazos de amortización de los préstamos a proveedores correspondientes a 2009 y 2011, que en las actuales condiciones, de dos años de carencia y cuatro para saldar la deuda, era inviable ante la falta de liquidez que tienen los Ayuntamientos.
Tras varias reuniones con el secretario general de Coordinación autonómica y local, Enrique Ossorio, el Estado ha atendido las reclamaciones y ha dejado constancia en los presupuestos generales para este año de la posibilidad de refinanciar las operaciones de crédito siempre que tenga como finalidad la disminución de la carga financiera o la ampliación del periodo de amortización, entre otros requisitos.
Esa excepción beneficiará a la quincena de municipios sevillanos que se acogieron a esos préstamos, que además son de distinto color político y que se unieron para defender esta causa: desde Palomares del Río, Bollullos de la Mitación o Écija -del PP- hasta San Juan de Aznalfarache, Umbrete, Coria del Río o Lebrija (del PSOE). "La ideología es lo de menos. Somos políticos que estamos sufriendo los recortes", explicó Zambrano, que inició este camino con vistas a que las haciendas locales consiguieran una mayor liquidez y una mejora de los resultados de ahorro.
En esa línea, indicó que la noticia permite "un pequeño respiro ante la mala situación económica" de los Ayuntamientos. En el caso concreto de Marchena, estaban asumiendo el pago de dos operaciones de crédito, con dos años de carencia y cuatro años de amortización, por valor de 3,1 millones. Eso le suponía pasar "de pagar al mes 14.000 a 58.000 euros".
Tras la publicación de los presupuestos en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el siguiente paso que deben dar las administraciones locales pasa por negociar una refinanciación de la deuda con las entidades financieras. En ese escenario, han encontrado la colaboración de la Diputación de Sevilla, que ya mostró su apoyo a los municipios afectados con el apoyo de una moción con el voto a favor de todos los grupos. La institución provincial se ha ofrecido a negociar con los bancos "unas condiciones adecuadas", a través del organismo provincial de Asistencia Económica y Fiscal (Opaef). El punto de partida pasa por ampliar el periodo lo más posible para que los nuevos intereses que tengan que asumir los ayuntamientos para saldar su deuda no sean elevados. "Si son muy exigentes, estaríamos en las mismas", afirmó el alcalde de Marchena, que aportó a su argumento datos como los bajos niveles en los que se sitúa actualmente el Euribor.
Esta propuesta tiene mucho recorrido. Tanto que no fue tenida en cuenta en un primer momento por el Ministerio de Hacienda. Es más, el Ayuntamiento de Marchena tomó la decisión de abandonar las federaciones española y andaluza de municipios y provincias (FEMP y FAMP) al detectar su falta de interés para hacer llegar al Estado la delicada situación de las administraciones locales. Entre sus quejas, se encontraba precisamente la escasa insistencia en solicitar la ampliación del plazo de amortización de estos préstamos, cuestión que finalmente ha sido atendida por el Estado.
