Por quinto año consecutivo, el curso se ha cerrado sin que el Ayuntamiento consiga cobrar ni un euro de más a los propietarios de pisos vacíos pese a que hay una recarga prevista en las ordenanzas fiscales. En 2007 se anunció un impulso a esta medida. Pero no se aplica. Hacienda lo elevará ahora al Consejo Consultivo en busca de garantías legales.
Desde 2004, las ordenanzas fiscales incluyen una recarga del 50% para los propietarios de los alrededor de 35.000 pisos vacíos existentes en la ciudad. Entre este año y 2007, los dos socios de gobierno ni siquiera se plantearon empezar a cobrar este gravamen debido a la falta de un soporte legal, a la ausencia de un marco legislativo estatal y a que no ha había precedentes en ningún municipio español.
La situación cobró otro cariz en septiembre de 2007, hace poco más de un año. En esta fecha, la Delegación de Hacienda decidió dar un impulso a este tributo. Se aprobó un acuerdo en Junta de Gobierno para habilitar un registro de viviendas deshabitadas, se diseñó un equipo de inspección e incluso, por primera vez, se incluyó una previsión de ingresos en los presupuestos municipales de 500.000 euros por este concepto. El objetivo era empezar a ingresar fondos en el primer semestre de este año.
El Ayuntamiento inició el jueves el nuevo curso fiscal con la presentación de las ordenanzas que entrarán en vigor en 2009. Y el balance del cobro del gravamen a los pisos vacíos vuelve a ser cero. Según informaron desde el área de Hacienda, este tiempo no ha transcurrido en balde. Se ha diseñado el registro, se han desarrollado los parámetros para localizar a un piso vacío e incluso se han localizado cuáles son los propietarios de las viviendas afectadas por la recarga introducida en el IBI.
Pero no se ha pasado ni una sola factura. Porque aún no hay las suficientes garantías jurídicas. Pese a que la medida se presentó hace un año como una de las propuestas más ambiciosas del Gobierno de Alfredo Sánchez Monteseirín, será ahora cuando se pida un dictamen al Consejo Consultivo para poder contar con las suficientes garantías legales y evitar que prosperen los recursos que, de seguro, se presentarán en cuanto lleguen los primeros recibos a las viviendas. Según indicaron desde el órgano autonómico con sede en Granada, esta petición de informe aún no ha sido remitida.
No hay ya plazos para empezar a cobrar el tributo. Y la previsión de ingresos que se incluirá en los próximos presupuestos municipales volverá a ser casi simbólica -en 2008 fueron 500.000 euros, pese a que los cálculos iniciales situaban en cerca de dos millones los ingresos-. Del informe del Consultivo dependerá si se puede o no cobrar este gravamen, cuya legalidad fue ya puesta en duda por el Ministerio de Economía, la Junta de Andalucía e incluso el propio PSOE.
El Ayuntamiento resistió todas estas críticas y sacó adelante su proyecto que podía afectar a unas 35.000 viviendas, principalmente de los distritos Nervión, Centro y Los Remedios, cuyos propietarios tendrían que pagar un 50% más ?alrededor de 200 euros más por piso-.
El órgano autonómico con sede en Granada tendrá la última voz. Y las previsiones no son halagüeñas, ya que no sólo ningún ayuntamiento ha podido llevar a cabo esta medida, sino que además se han frenado iniciativas similares de carácter autonómico.
Pero además de estas dudas legales, el Consistorio se enfrenta ahora a un cambio de escenario. Hace un año, cuando se planteó la normativa, el principal problema social era la vivienda, y cualquier medida para facilitar el acceso a pisos era celebrada y contaba con un respaldo ciudadano. Ahora, es la economía. Y cualquier nueva figura tributaria -que cueste hasta 200 euros- puede encontrarse con un fuerte rechazo.
