Tener una placa de prohibido estacionar no homologada podría llegar a ser incluso un delito. Este es el objetivo del Ayuntamiento de Sevilla que ha iniciado una campaña contra los vados ilegales existentes en la ciudad -más de 5.000- para reducir el 20% de fraude que se ha detectado en esta tasa. En cuanto entre en vigor la nueva normativa, las 27.659 placas existentes en la ciudad deberán ser retiradas y sus propietarios tendrá que recoger el nuevo modelo en la Agencia Tributaria. Una vez que este proceso se haya culminado, se iniciarán las inspecciones. Las sanciones a aquellos que tengan placas no regularizadas "serán muy graves", según explicó la delegada de Hacienda y portavoz del Gobierno, Nieves Hernández, quien apuntó incluso a que los servicios jurídicos están estudiando que pueda ser considerado un delito. "Queremos que sea considerado como la falsificación de un documento público, pero para ello debemos tener todas las garantías y la seguridad jurídica".
Hasta ahora aquellos titulares de una plaza de garaje o de una zona de carga y descarga que querían protegerla del aparcamiento de vehículos no autorizados debían adquirir una placa por su cuenta y validarla en la sede del distrito. A cambio debían abonar de 7 a 14 euros al semestre. El problema, como admitió ayer la portavoz del Gobierno local, es que apenas había una distinción entre estos distintivos autorizados y aquellos no validados ni instrumentos para controlar la falsificación. "Había muchas placas ilegales y se estaba generando una situación injusta ante aquellos que sí abonaban la tasa", apuntó Hernández. Según los datos de la Agencia Tributaria, el índice de fraude en esta tasa -por la que el Ayuntamiento tiene una previsión de ingresos de alrededor de 120.000 euros- es de alrededor de un 20%.
Con este proceso ya habrá un mecanismo para controlar las placas ilegales, de forma que aquellos titulares de estos distintivos no puedan reclamar los servicios de la grúa o de la Policía Local en caso de que un coche aparque y obstaculice la salida. El Ayuntamiento trabaja con un marco temporal: todo debe estar listo para principios de 2011.
El coste de esta adecuación al nuevo sistema será cero para todos aquellos titulares de placas de vados validadas que las hayan adquirido a partir de 2003. Aquellas que procedan de años anteriores deberán abonar 45 euros, una diferenciación basada en la aprobación del reglamento en el que se basa este modelo homologado que se produjo en el citado año, según aclaró la propia Hernández. A esta cifra se añadirá la tasa semestral de entre 7 y 14 euros, que el Ayuntamiento no tiene previsto revisar en las próximas ordenanzas fiscales.
El Ayuntamiento ya simplificó el pasado año el sistema de cobro de la tasa por entrada de vehículos e introdujo una bonificación del 10% para las comunidades de propietarios.