El control del fraude fiscal se extiende a partir de ahora a los movimientos de tarjetas de crédito y cuentas bancarias, operaciones más corrientes y cercanas a todos que las grandes compraventas de inmuebles o el trasiego de billetes de 500 euros.
La Agencia Tributaria controlará el uso de las tarjetas de crédito, así como de las cuentas bancarias, para detectar posibles bolsas de economía sumergida. Ésta es una de las medidas recogidas en el Plan General de Control Tributario para 2008, que revisa los métodos y estrategias de actuación para así hacer frente a las nuevas modalidades de fraude más graves.
Dentro de las áreas de riesgo fiscal de atención preferente, las Unidades de Selección de la Agencia Tributaria, en su búsqueda de información en el sistema financiero, recopilarán la relativa al uso de tarjetas de crédito o de cuentas bancarias que permita presumir la existencia de posibles bolsas de economía sumergida.
Sin embargo, el control inmobiliario seguirá siendo en 2008 el que más actuaciones de la Inspección de los Tributos aglutine -en él se presupone la existencia del volumen mayor de dinero negro-. Así, se prestará especial atención a los promotoras inmobiliarias que, en años en los que se detectó un importante crecimiento de los resultados, declararon una reducida rentabilidad.
Se controlarán, asimismo, las transmisiones patrimoniales de inmuebles, especialmente de viviendas, y los desarrollos urbanísticos. Paralelamente, se luchará contra las tramas de fraude en las operaciones intracomunitarias, se vigilarán las operaciones en las que se utilicen billetes de "alta denominación [de 500 euros]", se perseguirán las "facturas falsas" y se controlará la importación de textiles y calzado de Asia.
Los inspectores comprobarán también las deducciones que en el Impuesto de Matriculación hayan tenido embarcaciones de recreo, aeronaves y vehículos terrestres por destinarse al arrendamiento o por tener bandera española y, sin embargo, son disfrutados por residentes en España. En materia de recaudación, se pretende potenciar la propuesta de acciones judiciales (caso de querellas por alzamiento de bienes) como medio eficaz para la lucha contra el fraude sofisticado.
