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La mitad de los inmigrantes de Sevilla temen ser desalojados de sus hogares

Un informe de la Fundación Sevilla Acoge alerta de los escasos recursos de los extranjeros residentes en la capital.

el 06 feb 2014 / 20:03 h.

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Cabitza y Barranco sostienen el informe de 104 páginas que presentaron ayer en la sede de Sevilla Acoge. / Pepo Herrera Cabitza y Barranco sostienen el informe de 104 páginas que presentaron ayer en la sede de Sevilla Acoge. / Pepo Herrera La población inmigrante residente en Sevilla destina la mayoría de sus escasos recursos a pagar el alquiler, pero se ve obligada a compartir piso porque sus ingresos –el 66% son parados sin prestación– apenas llega para sufragar los gastos. Pero lo peor es que en la mitad de estos inquilinos se ha instaurado el temor de que serán desahuciados por morosos. Es la radiografía sin cortapisas que ofrece la Fundación Sevilla Acoge a través del estudio Habitabilidad de la vivienda y desahucios en personas inmigrantes en Sevilla, en el que se recogen más de un centenar de entrevistas de residentes extranjeros de hasta 27 nacionalidades, que sirve para saber las condiciones de vida de 361 inmigrantes –los entrevistados y los compañeros con los que comparten casa–. El objetivo, según precisó el secretario de la fundación, Esteban Tabares, es denunciar «el drama de la vivienda» de los inmigrantes y dar traslado de esta situación límites a las autoridades para que conozcan la situación. De hecho, el informe será entregado a la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés; el defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu; y al director general de Políticas Migratorias, Luis Vargas, entre otros, que cuentan «con más capacidad de acción» y «mayores recursos». El estudio, elaborado por Gabriele Cabitza y Pablo Barranco, expone una realidad palpable: el 45% de las personas entrevistadas «se siente en peligro» de ser desalojados de sus viviendas. Esa realidad no es del todo desconocida para el inmigrante, dado que el 17% ha sido desahuciado en alguna ocasión o se encuentra en proceso de padecerlo por problemas de morosidad en los pagos. «El pesimismo sobre las órdenes de desahucio se ha extendido entre los inmigrantes. Se ven con pocos recursos y tampoco ven alternativas para parar estos procesos», concreta Pablo Barranco, que aporta otro dato para respaldar su teoría: tres de cada cuatro entrevistados no conoce la existencia de entidades que asesoran frente a un desahucio. Tal desconocimiento es aún mayor entre su entorno de amigos (87%). Barranco lo atribuye a «un fallo» de comunicación a la hora de trasladar los lugares a los que pueden acudir los afectados por «ese drama social». sin trabajo. El desalojo es el extremo de una realidad plagada de sinsabores para el inmigrante y que también refleja el informe elaborado por Sevilla Acoge. La mayoría de los entrevistados (61,4%) reconoce que está en situación de desempleo y sin percibir prestación alguna. Es decir, carecen de ingresos. Y, del resto, un tercio sobreviven con ingresos de 300 a 600 euros al mes. «La precariedad laboral es elevada», aporta Cabitza, que añade que sólo el 18,8% trabaja por cuenta ajena y el 5% lo hace por cuenta propia. Esa situación de carestía económica hace que los inmigrantes, primero, no puedan tener un piso en propiedad –no llega al 20% de casos–; y, segundo, tengan que compartir vivienda. Más del 80% está en un piso compartido, en su mayoría con tres o cuatro personas, aunque se han detectado casos de hasta ocho inquilinos en el mismo domicilio. Y, eso que, en principio, no se ha llegado, según el propio informe, a un hacinamiento extremo. Esos casos son excepcionales en Sevilla, representando sólo el 1%. Por contra, el 14% de casos analizado sufre un hacinamiento calificado como medio –que la división entre las personas que viven en una vivienda y el número de dormitorios salga como resultado entre 2,4 y 4,9– . A esa explicación sobre el hacinamiento se une unas dimensiones de la vivienda que, en un tercio de los casos, no es el adecuado. Aunque no existe una normativa que regule de forma clara cuántos metros cuadrados son los adecuados para que una persona viva dignamente, elGobierno sí estableció en 2008 que las viviendas de protección oficial (VPO) tuvieran como mínima 15 metros cuadrados. Los autores del estudio han hecho uso de esta vara de medir y la han extrapolado a las entrevistas realizadas. Y la conclusión que extraen es que un 36,7% viven en una casa con menos de 15 metros cuadrados por persona. Lo más común es que las casan tengan una superficie útil de 51 a 70 metros cuadrados, seguido de las casas de 30 a 50 metros cuadrados. El informe advierte de que, de no poner remedio, se puede agravar la situación de hacinamiento. La encuesta, además de corroborar dónde viven los inmigrantes –un 37% se aloja en la Macarena, seguido de los distritos Norte y Cerro-Amate–, muestra una contradicción entre la percepción de las condiciones de habitabilidad de este colectivo con respecto al estado real de sus viviendas. «La mayoría dice que su vivienda está bien, pero cuando profundizamos un poco se demuestra que tienen múltiples carencias», aclaran los autores del estudio.De hecho, el 56% vive en hogares de 20 a 50 años de antigüedad, mientras que el 44,2% carece de aire acondicionado y 69,2% no dispone en su vivienda de aislamiento térmico. «Teniendo en cuenta que Sevilla es un clima árido, estas personas tendrán cuadro o cinco meses donde lo pasarán bastante mal por el calor», puntualiza Barranco.

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