La queja que motiva la resolución del Defensor Andaluz arranca por una multa de aparcamiento de 2011. / Antonio Acedo
Más de 15 meses se llevó esperando una ciudadana a que el Tribunal Económico-Administrativo del Ayuntamiento de Sevilla respondiera a su reclamación, ante un embargo en cuenta corriente por 333,93 euros, motivado por una multa de tráfico impagada. Tras llevar su caso al Defensor del Pueblo Andaluz, la oficina que dirige JesúsMaeztu ha emitido una resolución recomendando a la Alcaldía «que adopte las medidas que procedan para dotar a aquel órgano de los medios suficientes que permitan evitar los retrasos estructurales que se producen en la tramitación y resolución de las citadas reclamaciones». El Tribunal Económico-Administrativo está especializado en el conocimiento y resolución de las reclamaciones sobre los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección de tributos e ingresos que sean competencia municipal.
La interesada planteaba en su queja alDefensor que, en octubre de 2011, le fue impuesta una multa de tráfico por parte de la Policía Local por mal estacionamiento. Tras presentar las oportunas alegaciones, el Ayuntamiento las desestimó resolviendo en firme la sanción. También recurrió esta resolución, pero también fue desestimada, por lo que, finalmente, recibió una diligencia de embargo de su cuenta corriente, contra la que presentó reclamación económico-administrativa en septiembre de 2013.
Sin embargo, al momento de presentar su queja ante Maeztu 15 meses después, aún no había recibido respuesta del Tribunal Económico-Administrativo.
El Defensor pidió explicaciones al Consistorio, que le remitió un informe en el que admitía que la reclamación de la interesada tuvo entrada en el citado tribunal el 17 de diciembre de 2012, pero que no se había examinado todavía porque, en aquellos momentos, se estaban resolviendo reclamaciones presentadas con anterioridad. Se atribuía esta demora a la necesidad de guardar un orden riguroso de incoación.
Por ello, el Defensor concluye que «se reconoce que se está produciendo, en definitiva, un importante retraso», cuya justificación «puede hacer llegar a la ciudadanía la visión de que ese Ayuntamiento sí dispone de medios suficientes para la formulación de denuncias en gran número, para el impulso y tramitación de los correspondientes expedientes sancionadores y para poner en marcha los mecanismos ejecutivos de recaudación en caso de impago de las sanciones que se impongan, pero por el contrario no se dispone de dicha suficiencia de medios para analizar y resolver acerca de las reclamaciones económico-administrativas».
La resolución dice comprender que la insuficiencia de medios pueda generar retrasos, pero dilatada resolución de los mismos, «pero lo que no resulta adecuado es que, no se adopten medidas», que a su juicio, debían ser «estructurales».
Por su parte, elAyuntamiento explicó a este periódico que este tribunal, dedicado a resolver las reclamaciones sobre actos de gestión, recaudación e inspección de tributos e ingresos de competencia municipal, duplicó en 2012 la tasa de resolución de reclamaciones presentadas con respecto a los dos años anteriores. La tasa fue del 63,04%, frente al 33,80% de 2011 y el 32,59% de 2010. Este dato, unido al de la media de velocidad de resolución, que pasó de 35 meses en 2011 a 19 meses en 2012, pone de manifiesto «la más que positiva evolución de la capacidad de trabajo de este tribunal», destacó el Consistorio, que además pide que se tenga en cuenta «que la media nacional es de 21 meses y que Sevilla es, después del de Madrid, el que cuenta con más resoluciones presentadas en toda España».
En opinión del Gobierno local, «esta evidente mejora en el servicio se debe fundamentalmente a una estrecha colaboración con los órganos gestores de la Agencia Tributaria de Sevilla y de la Gerencia de Urbanismo».
Pese a todo, el Ayuntamiento también reconoce que aún hay recorrido por mejorar. «A pesar de estos resultados positivos, deben seguir implementándose medidas para obtener una mayor efectividad de las labores del tribunal, que posibiliten continuar en la senda favorable de la mejora iniciada, y que tiendan hacia una estructura administrativa más consecuente con el creciente volumen de trabajo».
De hecho, recuerda que «en la propia memoria anual del Tribunal ya se hace alusión a la elevada carga de trabajo, por eso el área de Recursos Humanos ya está trabajando en la priorización de la organización del personal para agilizar en la medida de lo posible esta tarea».
Ese informe resaltaba además que la labor de este órgano ha disminuido la conflictividad en materia tributaria para aliviar la carga de trabajo de los juzgados de lo Contencioso-Administrativo.