El número de sentencias que ordenan demoliciones en distintos parajes, entre los que destaca Las Minas de Castilblanco de los Arroyos, supera ya la cifra de 25 resoluciones en este sentido, si bien no todos los condenados llevan a cabo tales derribos.
Por ello, la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo pedirá a la Consejería de Ordenación del Territorio que demuela las edificaciones si no lo hace el condenado tras ser requerido para ello, según informó la agencia Europa Press. También solicitará que los juzgados penales ordenen en cada caso al Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos que colabore con la Junta de Andalucía, poniendo a su disposición técnicos y policías locales. El fiscal sostiene que una condena que no ordene demoler lo ilegal contribuye a "consolidar el daño" y es un "efecto llamada" a que otros se vean tentados a cometer los mismos excesos. Las últimas sentencias se refieren a chalés levantados en Las Minas, donde el fiscal denunció en 2005 a cientos de propietarios por construir en área forestal no urbanizable.
