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Hasta 4.000 personas viven de vender la chatarra que encuentran

Las pequeñas chatarrerías plantean regular la actividad de los recogedores creando un registro y acotando zonas junto a los contenedores para dejar pequeños enseres sin que esté multado.

el 30 oct 2014 / 12:00 h.

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chatarrero Si el martes fue el sector que gestiona el aceite usado el que se revolvió contra la nueva ordenanza de limpieza por lo que consideran una vulneración de la libre competencia, al obligar a los bares a entregar su aceite gratis a una sola empresa adjudicataria de un concurso convocado por Lipasam en vez de vendérselo a las distintas empresas del sector autorizadas, ayer fueron las pequeñas chatarrerías –aglutinadas en la Asociación de Gestores de Residuos (Agresur)– quienes mostraron su oposición contra esta nueva normativa municipal que en su caso les afecta al sancionar el depósito de pequeños enseres junto a los contenedores y su extracción del interior de estos. Si los primeros han emprendido una batalla legal contra la normativa, Agresur propone una regularización de una actividad que supone la única vía de ingreso para, calculan, entre 2.000 y 4.000 personas en Sevilla que venden lo que encuentran en las calles a una treintena de pequeñas chatarrerías. La iniciativa pasa por la creación de una entidad social, Recogesur Social –ya inscrita y que solicitará la autorización medioambiental correspondiente para la gestión de estos residuos– a la que se asocien tanto las pequeñas chatarrerías como los recogedores particulares, regularizando así una actividad que según explicó el técnico de Medio Ambiente de Agresur, Virgilio Escamilla, ejercen entre 2.000 y 4.000 personas en Sevilla. «Con este proyecto se tendrían que asociar y cumplir con las normas medioambientales, entre ellas no llevar lo que recogen a chatarrerías ilegales no autorizadas para la gestión de estos residuos», subraya Escamilla, quien señala que alrededor del 30 por ciento de lo recogido acaba en estas. En Sevilla existen cuatro puntos limpios donde llevar esta mercancía, que incluye desde electrodomésticos completos a pequeños enseres como grifos, perchas o cubiertos, gestionados por Lipasam y existe también la posibilidad de llamar al servicio de recogida a domicilio de la empresa municipal. La problemática se da con esa pequeña chatarra que la gente acaba tirando en el contenedor de basura orgánica por la incomodidad que supone desplazarse a los puntos limpios de la ciudad para esas pequeñas cosas que, además, según Agresur, llegaría a colapsarse, como el servicio de recogida a domicilio, si se usara para todo. Lipasam lleva lo que recoge a domicilio o en los puntos limpios a chatarrerías mayoristas (en Sevilla funcionan unas cinco o seis). Las pequeñas se nutren entre el 50 y el 90 por ciento del material que reciben las pequeñas chatarrerías y actúan como «intermediarias» con las mayoristas que son las que suelen tener además plantas de tratamiento de los residuos. Según Escamilla, el sector mueve en Andalucía alrededor de 360 millones de euros anuales:150 millones facturan las mayoristas, 120 las minoristas y unos 90 recaudan los alrededor de 40.000 andaluces que se dedican a la recogida. «Eso supone a lo mejor 200 euros al mes para quienes se dedican a la recogida pero es un dinero muy repartido que en muchos casos supone su sustento principal», recalca el técnico de Agresur. La nueva ordenanza municipal de limpieza sanciona con hasta 750 euros de multa rebuscar dentro de los contenedores. No esta prohibido llevarse la chatarra que esté fuera pero entonces el sancionado es quien la deja ahí, con la misma multa. La propuesta de Agresur es habilitar contenedores específicos o zonas acotadas junto al resto, más repartidos por la ciudad que los meros puntos limpios, para estos residuos, de forma que el individuo que deja un residuo «no estaría cometiendo una infracción porque no lo estaría abandonando» mientras que se impediría «rebuscar» en la basura y se podría controlar el cumplimiento de las normas medioambientales por parte de estos recogedores, como que no despiecen los electrodomésticos en la calle o que no lleven la chatarra a empresas ilegales. El presidente de Agresur, Rubén Barreno, destacó que esta propuesta supone un «coste cero» para el gobierno local en el que, reconoció, no han encontrado aceptación. «El mayor escollo ha sido Lipasam», admitió. Según explicó, la idea sí ha tenido eco en otros ayuntamientos donde tras escucharles han renunciado a incluir en las ordenanzas la multa por dejar la chatarra junto a los contenedores, así como en la Junta o el Ministerio de Medio Ambiente, en cuyo borrador de una nueva regulación para la recogida y tratamiento de residuos urbanos menciona el papel que pueden jugar entidades sociales autorizadas para su gestión.

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