Una de las cuestiones que más preocupa al fiscal delegado de Seguridad Vial de Andalucía y de Sevilla, Luis Carlos Rodríguez León, es el elevado número de menores que infringen las normas de tráfico, junto con la gran cantidad de presos que cumplen condena en las cárceles sevillanas por ser reincidentes al volante.
–¿Qué balance hace de 2009?
–Positivo porque se han hecho muchas cosas y ha habido mucha colaboración con las instituciones. Nos hemos reunido con entidades privadas, con la Subdelegación del Gobierno, con la Consejería de Obras Públicas, con la Diputación y con ayuntamientos para la supresión de los pasos sobreelevados y la adaptación de las ordenanzas.
–En la Memoria anual destacaba que ningún paso está adaptado. ¿Se van a modificar?
–La Junta fue la primera en dar un paso favorable al asumir la norma de Fomento y declararla de obligado cumplimiento en la comunidad. Además, se encargó a cada provincia un informe sobre los badenes, su cumplimiento y el presupuesto para su adaptación. Ya está todo preparado y lo que queda es buscar una empresa que lo haga. La respuesta de la Diputación fue también positiva. Tras un detallado informe sobre los badenes en sus carreteras, ya se está buscando el presupuesto para poder adaptarlos.
–¿Y en las ciudades?
–Hay ayuntamientos muy receptivos y otros que piensan que eso no va con ellos. Llegada la fecha cada uno tendrá que asumir las responsabilidades, porque la Fiscalía General ha dado instrucciones para actuar en tres líneas contra las administraciones. Primero información y colaboración, luego en la vía contenciosa contra los actos que pudieran incidir sobre la seguridad vial por incumplimiento de la norma y, en una tercera vía, por lo penal. La primera parte se ha hecho, la segunda está por venir, y la tercer dependerá de que algún ciudadano denuncie. No queremos llegar a eso, pero habrá que asumir las responsabilidades.
–¿La Fiscalía irá al contencioso contra las administraciones si no modifican los badenes?
–Podrá instar la actuación en la vía contenciosa dentro de los límites que marca el procedimiento. El plazo para adaptarlo termina en octubre de 2010.
–¿El Ayuntamiento se ha mostrado partidario de adaptarlos?
–El concejal de Movilidad, Francisco Fernández, me dijo que se ponía en marcha, pero tiene un grave problema presupuestario. En la ciudad se están haciendo muchas obras y aquí hay una norma que cumplir. Es una cuestión de prioridades.
–El otro problema es la adaptación de las ordenanzas de tráfico. ¿Se ha actuado al respecto?
–La Jefatura de Tráfico ha elaborado una ordenanza tipo para que todos los ayuntamientos adapten sus normas, porque de lo contrario se pueden causar prejuicios graves a los ciudadanos y éstos exigirles responsabilidades, porque pueden reclamar. Se ha dado todo tipo de facilidades, pero ya depende de los ayuntamientos.
–Por lo tanto, el ciudadano que sea multado, puede recurrir a los juzgados
–En cuanto acuda a un abogado que analice la norma.
–246 conductores en prisión en 2009. ¿No es alarmante?
–A mí me parece grave. No deberíamos llegar a esto. La Fiscalía sólo pide prisión en los casos más graves, pero es que hay ciudadanos que con una multa parece que no se quieren enterar. Son sistemáticamente condenados, pues hay individuos que en dos meses han acumulado cuatro o cinco condenas. Eso demuestra que les da exactamente igual. Ante esto sólo nos queda la prisión, a ver si así se entera. La Fiscalía sólo ha optado por las penas de prisión directas en los asuntos de pérdidas de vidas o lesiones muy graves.
–Además, la mayoría es por conducir sin carné.
–Sale más barato sacarse el carné que tener que pagar la multa. Y además, sacándose el carné ya es imposible cometer este delito. Es tan fácil como eso.
–Llama la atención que en prisión no haya ninguna mujer. ¿Son más prudentes?
–Condenadas ha habido muchas, pero es cierto que no hay ninguna. Aunque, proporcionalmente hay menos mujeres al volante que hombres, es verdad que no suelen estar implicadas en conductas que dan pie al ingreso en prisión directo, sino con multas.
–En la Memoria también hace hincapié en los menores.
–Es un tema importante, porque de todos los delitos cometidos por menores el 35% está relacionado con la seguridad vial. Eso es una barbaridad. Esto quiere decir que los menores no terminan de asumir el riesgo que tienen ciertas conductas. De ahí la necesidad de una educación vial adecuada y mantenida, no una ñoña que les diga que mire para los lados antes de cruzar. Son jóvenes de hasta 17 años que pueden cometer delitos.
–De hecho, se ha creado una comisión en el Parlamento andaluz para ello.
–Organizamos una sesión en el Parlamento con Educación, Fiscalía y el Defensor del Pueblo. El consejero fue muy receptivo y se creó una comisión de trabajo entre Educación y la Fiscalía para incluir la seguridad vial en los planes de educación de Andalucía. Seremos la primera comunidad con una asignatura tan oficial como las Matemáticas.
–El exceso de velocidad sigue siendo uno de los delitos menos cometidos por los conductores.
–Está en quinto lugar, pero este dato puede ser engañoso porque para detectarlo son necesarios radares y en la ciudad de Sevilla no los tenemos. Puede que sí exista y que no esté siendo sancionado porque no podemos detectarlo.
–¿Está de acuerdo en reducir la velocidad a 30 kilómetros por hora en la ciudad?
–No soy técnico de tráfico. Como conductor creo que en algunas zonas pudiera ser razonable, pero generalizarlo no porque crearía un caos y el riesgo es que la gente no cumpla la norma
–¿Tampoco hay medios para detectar el consumo de droga?
–Se ha avanzado mucho en la detección del alcohol, pero no para la detección de drogas. Sobre esto hay pendiente una reforma, que permitirá una mayor agilidad en el control antidroga. En cuanto esté aprobado y los agentes formados, comenzaremos y nos llevaremos algunas sorpresas.
–¿Sigue habiendo problemas para ejecutar las sentencias?
–Hay mucho atasco. Creo que igual que se crearon los juzgados de Violencia sobre la Mujer o los Mercantiles, no estaría de más uno o dos juzgados en materia de tráfico porque descargaría de trabajo a los demás y agilizaría la tramitación. Puede ser una solución para desatascar al resto.
