Presumen de haber recorrido los 770 pueblos y no piden votos. La gente recurre a ellos como último cartucho. Herederos de quienes mediaban entre el rey y sus vasallos, el Defensor del Pueblo Andaluz cumple 25 años. Primero un juez y hoy un cura ejercen de 'pepito grillo' del poder, pero se quejan de su falta de respuesta.
Dicen quienes han trabajado con ambos que Manuel Conde- Pumpido era extremadamente riguroso con los argumentos jurídicos de sus quejas y resoluciones y que José Chamizo se esfuerza por ser claro en sus razonamientos y usar el lenguaje de la calle. Lo que comenzó con dos trabajadores en un "despachín compartido" del edificio Cristina de Sevilla -primera sede administrativa del Parlamento-, tiene hoy 68 empleados y oficina propia en el número 21 de la calle Reyes Católicos, heredada también de la Cámara. Tal día como hoy, hace 25 años, se aprobaba la Ley del Defensor del Pueblo Andaluz. Desde entonces, dos personas, de perfiles tan dispares como un magistrado y un sacerdote, han sido garantes de derechos y vigías de la administración.
Nunca coincidieron trabajando y hacía tres años que no se veían, pero las bodas de plata merecían organizar un encuentro. Muchos trabajadores de la casa se acercan a saludar a "Don Manuel", pues ya estaban en la institución cuando él la dirigía. Los nuevos se presentan. Han oído hablar de él. Estuvo una década al frente -los mandatos del Defensor son por cinco años- y bromea con Chamizo,en su tercera 'legislatura'. "¿Y tú qué, a por la cuarta?", le dice. "No, yo estoy hasta 2012 (fue reelegido en 2007) y entonces veremos a ver cómo estoy yo ya", responde.
En cuanto se ponen a hablar saltan los recuerdos. "Los primeros dos años fueron terribles, no se sabía bien qué era el Defensor, el nacional no llevaba ni un año funcionando y Andalucía fue la primera comunidad donde se creó. Estábamos en el Cristina, donde estaba el Parlamento y a mí me dieron un despachín compartido con el diputado de IU, y tenía dos personas. A los dos años pasamos al Patio de Banderas", recuerda Conde-Pumpido. "A él le tocó montar la institución, que no es fácil", alaba su sucesor.
En el primer informe anual de 1985 se contabilizaron 334 quejas recibidas. En el último, correspondiente a 2007, superan las 5.600. Pero hay algo que no ha cambiado mucho: las administraciones siguen haciéndose las 'remolonas' para responder sus demandas, sobre todo los ayuntamientos. "Las respuestas, como antes, no llegan pronto ni completas, hay que estar insistiendo y en algún caso calificar a las administraciones como hostiles. Antes había además una ignorancia, no sabían nada de las competencias del Defensor", justifica el magistrado. Quien actualmente ostenta el cargo afirma que "eso sí lo saben, ahora es que no contestan".
Reforma legal. Por ello, ambos coinciden en que "hay que buscar un mecanismo para que por lo menos contesten". Aunque la institución puede recurrir al Ministerio Fiscal por desobediencia si hay una actitud reiterada y hostil de no responder, en Andalucía nunca se ha usado esa posibilidad -sólo ha habido un caso del Ararteko vasco contra el Ayuntamiento de Irún y el Fiscal aceptó el caso, que acabó con una condena de tres años de inhabilitación-. "Es deformar la naturaleza de la institución, no podemos convertirnos en defensores acusadores", comparten. Pero sí defienden intensificar su autoritas, término jurídico al que acude el magistrado.
Incidir en esa obligación de respuesta es uno de los objetivos de la reforma de la ley planteada por Chamizo, que el PSOE rechaza y de momento no ha tenido receptividad en los grupos parlamentarios. Él deja claro que no quieren "un poder ejecutivo" pero sí "un poder ético, que la autoritas se traduzca en una forma de respuesta al Defensor, que representa a los ciudadanos".
Recuerda que el Estatuto reconoce nuevos derechos y le encomienda garantizar su cumplimiento: "A mí me da igual, no me va la vida en ello, pero si nos dan nuevas competencias en el Estatuto, que dice que debemos garantizar los derechos en él reconocidos, eso implica hacer un seguimiento a las políticas públicas y tiene que estar reflejado en la ley. Además han aparecido las nuevas tecnologías, la protección de datos, cuestiones que deben figurar en una reforma de la ley".
Su Oficina ya trabaja en una propuesta y él confía en iniciar gestiones "el mes que viene o el otro". Pero Manuel Conde-Pumpido se muestra escéptico: "No creo que os dejen". Quizás al poder no le conviene demasiada vigilancia.
Desde el punto de vista organizativo, también creen que habrá que hacer cambios. "Es un lío. Si llega un problema de vivienda de una mujer con hijos, es a la vez una cuestión de género, de vivienda y de menores. Hay que profundizar en la transversalidad", dice Chamizo. Y ambos comparten que el número ideal de adjuntos es dos (ahora son cuatro) y que por ley debe designarlos el Defensor "pero los nombran los partidos". Evitaría la situación actual de un grupo que ha perdido representación parlamentaria, el PA, pero mantiene un adjunto.
Conde-Pumpido recuerda que al principio "era difícil explicar que un señor nombrado por el Parlamento pero que no tiene poder para obligar a que se cumplan sus resoluciones sí tiene razón de ser, un valor moral".
Costaba incluso que los políticos fueran receptivos. "Antes pasaban más", recuerda. Con Chamizo "siempre han sido respetuosos, también la institución tiene mucha presencia pública". Su predecesor reconoce que cuando él lo dejó, a los diez años, "ya empezaba a despuntar un poco".
Raras peticiones. Aunque a veces "queda la frustración" de no poder ayudar a alguien, ambos creen "honestamente" haber resuelto problemas a muchos. "Yo conseguí que a un señor al que le habían quitado la casa por un error del banco y la habían subastada le dieran otra", relata orgulloso el primer Defensor. Los problemas de vivienda siguen llegando pero no son los únicos.
Durante los mandatos de Conde-Pumpido hubo desde quien pedía dinero para sus aficiones hasta quien insistía en que Lorca estaba vivo. Con Chamizo han aumentado los casos de violencia de género y problemas con menores, ya que en 1998 se instituyó el Defensor del Menor.
Conde-Pumpido nunca olvidará sus primeros días en el cargo: "Pasé un mal rato porque era por Navidad y me llamaron de una urbanización donde habían cortado la luz porque dos o tres no pagaban. Fui para allá pero no sabía si podría hacer algo".
Ambos presumen de haber recorrido los 770 pueblos de Andalucía. En el caso de Chamizo, va ya por la "segunda vuelta" y recuerda cuando llegó a uno del interior de Almería completamente desierto: "El alcalde me estaba esperando para cerrarlo".
En 25 años ha habido también momentos duros. Para Chamizo, los peores fueron los atentados mortales de ETA contra el doctor Cariñanos y el matrimonio de Alberto Jiménez Becerril y Ascensión García Ortiz. A Conde-Pumpido aún le entristece recordar el desfalco cometido por uno de sus funcionarios en 1994 con las nóminas del personal.
