El destino de la mordida a los empresarios de La Raza era el enriquecimiento ilícito de los condenados. Eso es lo que dice la sentencia del caso Mercasevilla o, más bien, de una de las ramificaciones del caso Mercasevilla, ya que está por ver cómo se esclarece en los tribunales la irregular adjudicación de la guardería a la esposa de Fernando Mellet, la venta de suelos a Sando y los intrusos encontrados en su ERE. Y es que Mercasevilla es el origen de toda una trama de ayudas otorgadas a empresas e intrusos amigos acogidos a planes de prejubilaciones que salpica a un exconsejero y a algunos excargos del Gobierno andaluz que preside el socialista José Antonio Griñán.
Por ahora, la Audiencia Provincial de Sevilla asegura que hubo intento de soborno y que su ideólogo fue el exdelegado de Empleo de la Junta, Antonio Rivas. Pero, ¿cómo ocurrieron los hechos?, ¿es o era una práctica habitual? Esto es lo que dice el juez:
Según los hechos probados que relata la sentencia de la Audiencia Provincial, el 16 de diciembre de 2008 la Consejería de Empleo concedió una subvención a la Fundación Socio-Asistencial Mercasevilla de 900.000 euros para el equipamiento de una escuela de hostelería que se iba a instalar en los terrenos del mercado central.
Tras conocer el entonces delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas, la concesión de esta subvención, se puso en contacto con Fernando José Mellet, director general de la sociedad mixta y gerente de la Fundación, y de común acuerdo, con el fin de obtener un enriquecimiento ilícito -no para la Junta-, decidieron exigir a los responsables del Grupo La Raza una comisión de 300.000 euros a cambio de concederles la gestión técnica y la explotación del citado centro de formación.
Mellet encargó a Daniel Ponce, subdirector general de Mercasevilla, que se reuniera con los representantes de La Raza para realizar la anterior petición. Éste lo aceptó conociendo la ilegalidad de dicha pretensión, haciendo la solicitud del dinero a Pedro Sánchez Cuerda en las instalaciones del mercado el 16 de enero de 2009.
Fernando Mellet y Daniel Ponce, con ánimo de enriquecimiento ilícito, estuvieron de acuerdo en condicionar la concesión de la gestión de la escuela de hostelería al Grupo La Raza al pago de los 300.000 euros, más 150.000 euros, con la excusa de destinar esta última cantidad a sufragar la acometida de electricidad al local donde se iba a instalar el centro de formación, cuando de ello nada se había hablado con anterioridad, ni a su pago se había comprometido La Raza, ni le era exigible.
Según la indicación de Ponce a los empresarios, la forma de pago de los 450.000 euros sería en efectivo, dejándolos en el interior de un maletín en un despacho y allí vendría alguien a recogerlo.
El día 27 de enero de 2009, a propuesta de Pedro Sánchez Cuerda, se celebró una segunda reunión, a la que asistieron, además de Ponce y Sánchez Cuerda, Fernando Mellet y José Ignacio de Rojas. En este encuentro, los acusados insistieron en pedir 300.000 y 150.000 euros, diciendo que la primera cantidad era para la Junta de Andalucía, afirmando que el Gobierno andaluz colaboraba con quienes a su vez colaboraban con ella, prometiéndoles además que si accedían a entregarles el dinero, el Grupo La Raza obtendría luego favores como más subvenciones para futuros cursos de formación y la concesión de todos los catering que se organizasen.
La Raza se negó a entregar cantidad alguna a los acusados y se paralizó el pago de la subvención concedida a la Fundación tras haber puesto el entonces viceconsejero de Empleo los hechos en conocimiento de la Fiscalía, ya que los empresarios le hicieron llegar las grabaciones de las conversaciones mantenidas.
Ponce ingresó en Mercasevilla por contrato laboral ordinario como vigilante de puerta y fue designado subdirector general por la dirección general de Mercasevilla, mientras que Mellet accedió al mercado central también por contrato laboral ordinario y fue nombrado director general. Así lo recoge el juez Márquez en su sentencia, que condena por cohecho a Rivas, Mellet y Ponce. Así termina el proceso iniciado por la juez Mercedes Alaya, con el punto de mira en la Junta.
