El abogado José Carlos Morón Rubio, en su despacho. / José Luis Montero
El azar quiso que su despacho, Morón Rubio Abogados, fuese el primero en la provincia de Sevilla en recibir una sentencia favorable a título individual de un ciudadano al que la Audiencia reconocía el abuso de una entidad financiera con la cláusula suelo de su hipoteca, con fecha de 14 de enero de este año. La novedad estribaba también en que, además de la anulación y la devolución de las cantidades cobradas de más, el fallo incluía el pago de intereses y las costas. Fue una denuncia presentada antes de que el Supremo emitiese la famosa sentencia de mayo de 2013 que facilitó el camino a otros tantos miles de ciudadanos, que ahora «ya no solo se conforman con que se la quiten, sino que quieren que se les devuelva lo cobrado».
José Carlos Morón Rubio, uno de los tres socios que integran este bufete sevillano, ha ido encarrilando su trabajo hacia el ámbito del consumo, en el que desde 1993 ha colaborado con las asociaciones de consumidores. ¿Recuerdan el caso de Opening? Fue la primera demanda colectiva interpuesta por las tres organizaciones de consumidores en la que él participó por el cierre en 2002 de las academias de inglés que dejaron a miles de españoles sin clases y con créditos que seguir pagando.
Desde entonces, la litigiosidad ha cambiado mucho, colocando en primera línea a los asuntos económicos. La estrella es, sin duda, la cláusula suelo, junto a preferentes y los concursos de acreedores. El primero de ellos por el efecto llamada de la mencionada sentencia del TS. «En 2012 venían muchos clientes a consultar este tema porque a su vecino o a un familiar les había bajado la hipoteca y no entendían por qué a ellos no. Así se enteraban de que tenían cláusula suelo». Ahora, su despacho tiene entre manos un centenar de demandas vivas. ¿Consecuencia? Al estar tan clara esta línea y ser coincidente la respuesta que dan los jueces, independientemente de la provincia, se ha generado «un nicho de negocio donde hay mucha competencia», precisa.
Como ciudadanos «hemos tragado mucho con el tema bancario en comisiones y otras cosas que dábamos por hecho que estaban bien cobradas, que ahora no nos conformamos tanto», abunda el letrado.
Si ha habido un momento de inflexión en la relación justicia-ciudadano en los últimos tiempos, éste se produjo en noviembre de 2012, cuando el ministro Gallardón subió las tasas judiciales. Morón Rubio constata cómo ha conseguido, en parte, el efecto esperado que no es otro que descongestionar los juzgados, pero no precisamente dotándolo de servicios. Así, recuerda las colas de los procuradores cargados de papeles para presentarlos antes de que entraran en vigor.
Y es que, por ejemplo, para iniciar el procedimiento por cláusulas abusivas el ciudadano tiene que pagar 318 euros en tasas «sin contar con el abogado y el procurador». Sin duda, ha sido una medida que «perjudica al consumidor y ayuda a las grandes entidades, a las que les es más liviano pagar». Y es que «cualquier ciudadano paga lo mismo que la duquesa de Alba», cuando muchas personas que vienen a reclamar la cláusula suelo, lo hacen «ahogadas por la hipoteca».
Así, considera que «las tasas y la crisis han hecho que baje el número de pleitos. Ahora se piensa más si presentar una demanda, cuando antes se hacía con mucha más facilidad». Y eso se nota en los recursos de apelación 800 euros en tasas, de los que desisten muchos. Pero en temas como las cláusulas abusivas, se reclama más que antes porque compensa la inversión y se tienen muchas garantías de éxito, por los precedentes.
Las demandas colectivas no son la mejor opción, apunta, porque los pronunciamientos del Tribunal Supremo marcan la línea general, pero instan a que cada ciudadano que se considere afectado inicie su propio camino porque en cada caso se dan circunstancias particulares.
La crisis hace proliferar las denuncias falsas de robo para cobrar el seguro Quien se sienta al otro lado de la mesa en un despacho de abogados en estos últimos tiempos ha variado de perfil. En el ámbito penal, la prolongada situación de crisis ha provocado que se hayan incrementado los casos de quienes, asfixiados por la necesidad, simulan un robo con violencia para cobrar del seguro. Así lo reseña José Carlos Morón Rubio, quien señala que se ve «a la legua» que están pasando apreturas y no tienen el perfil de un delincuente común. La Policía cuenta con protocolos para detectar si una denuncia de este tipo tiene visos de ser falsa. «Son penas de multa sin entrar en la cárcel, pero el problema son los antecedentes» que le acompañarán. Junto a ello, proliferan los pequeños hurtos y robos.
La crisis ha eclipsado los litigios más comunes y ha menguado muchísimo los asuntos civiles. Divorcios, separaciones, guardas y custodias, herencias... han dejado de ser prioridad. De hecho, tilda de caída «espectacular» su comportamiento, que ha podido reducirse en un 70 por ciento, según su experiencia. «No hay manera de liquidar bienes gananciales ni herencias», así que toca esperar o malvender.
Ser abogado ayuda además a generar un anecdotario interesante, que demuestra cómo hay temas que tocan la fibra a algunas personas que están dispuestas a llegar hasta donde sea, solo por orgullo. Uno de sus primeros casos fue el de un señor que quería reclamar 18.000 pesetas a una entidad bancaria porque correspondían a una comisión que no le habían notificado previamente. «Se enteró en notaría. La pagó para firmar la escritura pero luego vino y dijo que había que reclamarla. Le dije que el pleito le costaría más pero se empeñó y fue lo comido por lo servido». O la familia que denunció a un diario por una esquela repleta de datos erróneos que logró el reembolso, pero no indemnización por daño moral.
