Por sus manos pasaban todas las peticiones de investigadores y familiares de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. Era tal el aluvión de peticiones que no pudo resistirse y se dio al tráfico de copias digitalizadas de estraperlo. Sólo tras su muerte se ha destapado el pastel en el Archivo del Tribunal Militar. Lo denuncian aquéllos a los que debe dinero y documentación.
El mayor archivo de Andalucía donde poder estudiar la represión ejercida por los golpistas durante la Guerra Civil y la dictadura, el conocido como Archivo Histórico del Tribunal Militar Territorial Segundo, con sede en Eduardo Dato, sigue dando que hablar, y no precisamente para bien. Si hace unos días un diputado catalán formulaba en el Congreso una serie de preguntas sobre su situación ante una drástica restricción de su horario de consultas -a las que deberá responder la ministra de Defensa, Carme Chacón-, ahora se ha destapado otro escándalo larvado desde hace dos años pero aún vivo y de repercusiones bastante serias.
Según denuncia una batería de historiadores, investigadores expertos en materia de Memoria Histórica y familiares de víctimas represaliadas que han frecuentado el archivo, entre los que se hallan Arcángel Bedmar, de Córdoba; Antonio Higuera, de Montoro, José Francisco Luque, de Montemayor (Córdoba) y Santiago Jaén, de Porcuna (Jaén), "el funcionario militar que hasta septiembre de 2007 controlaba las llamadas telefónicas y las peticiones de legajos y expedientes que formulábamos en el archivo se dedicó a ofrecernos un servicio, digamos que paralelo a la legalidad, según el cual nos localizaba la documentación que le pedíamos y nos la pasaba en un cedé digitalizada previo ingreso en una cuenta a nombre de uno de sus hijos de la cantidad que nos pidiera".
La tarifa básica era, según cuentan, de 10 céntimos por página digitalizada, "pero solía contar de más o pedirnos algo de más, aunque de todas formas nos seguía conviniendo porque con ello teníamos lo que queríamos sin tener que desplazarnos al archivo, lo que a muchos nos salía bastante más caro".
Ese negocio, consentido por ambas partes pero ajeno a la oficialidad -la actual capitana y secretaria relatora del archivo, Pilar Rodríguez, aduce que "en este archivo no existe el servicio de reprografía" ni se permiten ya las fotocopias por el daño que se les hace a los castigados legajos, y por supuesto orilla referirse al caso descrito remitiendo para ello a Madrid- estuvo vigente durante años hasta septiembre de 2007, "cuando el funcionario que se sacaba ese sobresueldo falleció repentinamente, dejándonos a todos en la estacada"; es decir, con ingresos realizados pero sin los cedés prometidos recibidos, reconocen.
A partir de ese momento, el goteo de llamadas al archivo se incrementó y al suplente del fallecido empezó a escamarle lo que pasaba. Recibió cartas, conversaciones con todo lujo de detalles, y Defensa ya no pudo hacer otra cosa que abrir un expediente interno para aclarar lo sucedido.
Lógicamente, el funcionario fallecido tenía como jefe directo a un comandante, Joaquín Gil, que ejercía de secretario relator y que, para más señas, al ser historiador, estaba especialmente volcado en el archivo, intentando darle algo de orden aun sin apenas medios humanos ni materiales -lo que denota la importancia que Defensa confiere a unos fondos que están permitiendo reescribir, con datos constrastados, la historia real de lo que pasó tras el 36, y dar respuestas a un sinfín de familiares de víctimas de aquella lucha fratricida-.
Pues bien, muy encima no debió de estar el citado comandante cuando el referido funcionario fue picando de un historiador de aquí y un familiar de represaliado de allá para hacer su agosto de tapadillo.
Así lo hacía. La amistad con su cartera de clientes era tal que el funcionario no tenía reparos en contar cómo había montado su chiringuito a cuenta de la creciente demanda de información y de la falta de control imperante en el archivo. Según describen los afectados, "era uno de sus hijos el que se encargaba de hacer las copias digitales, pero no las hacía en el archivo, donde habría levantado sospechas, sino en casa.
Para ello, obviamente, su padre le tenía que sacar de Eduardo Dato los expedientes a escondidas, y cuando el hijo lo tenía todo, lo volcaba en un cedé y llamaba al que tocase para que realizase el ingreso". Y la cosa sigue: "Nos daba un número de cuenta a nombre de otro de sus hijos para que le hiciéramos el ingreso, y una vez hecho, nos mandaba el disco por correo".
Así hasta su muerte, cuando quebró el negocio dejando pagos por satisfacer y a algún historiador con su libro a medio terminar porque le faltan los expedientes que el funcionario le había quedado en mandar.
Han pasado casi dos años desde la muerte del artífice de esta suerte de mercado negro de la Memoria Histórica y los damnificados siguen pendientes de que alguien atienda sus quejas. "No ya tanto por el dinero, que también aunque suelen ser pagos de no más de 300 euros, pero sí por dignidad, porque creíamos que el asunto de las copias era un servicio bastante cómodo que ofrecía el archivo y confiamos a ese funcionario nuestras peticiones, de las que dos años después seguimos sin saber nada", explican los afectados.
Asuntos 'internos'. Al destaparse el negocio irregular, Defensa abrió el expediente de información número 01/07, en el que se recogen los detalles, incluido el listado de ingresos bancarios registrado por el funcionario ya fallecido y su hijo. Dicho informe es descrito por Defensa así: "Expediente informativo interno de carácter exclusivamente laboral a los meros efectos de depurar la posible responsabilidad disciplinaria del personal laboral fallecido don...". Existir, existe, pero al abogado de uno de los perjudicados, el historiador Arcángel Bedmar, "le denegaron el acceso al expediente, alegando que sólo lo harían público si lo ordenase un juzgado".
Según informaron a los afectados, el asunto se daba por cerrado puesto que el funcionario estaba muerto y su familia "se había comprometió a devolver hasta el último euro recibido y no satisfecho con documentación". "Pero todavía estamos esperando a que esto se cumpla; los militares se lavan las manos y la familia no nos coge el teléfono. Y han pasado dos años...", se quejan.
Para colmo, la documentación que demandaban tampoco les es servida porque el escaso personal del que dispone el archivo no da abasto para canalizar tantas peticiones, por lo que los tiempos de espera se han disparado. "¿Es éste el servicio que prescribe la Ley de Memoria Histórica para los archivos?", se preguntan. La ministra de Defensa, Carme Chacón, deberá responder.
