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Homofobia de manual

La Consejería de Educación reintroducirá los conceptos eliminados del temario de Ciudadanía, como la diversidad sexual o el racismo.

el 15 ago 2012 / 18:47 h.

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La homofobia define la aversión obsesiva hacia los homosexuales, personas que tienen una relación erótica con individuos del mismo sexo. Los libros de texto de Educación para la Ciudadanía (EpC) no mencionarán la homofobia el curso que viene, porque el Gobierno central ha extraído el término del temario. También se han eliminado otros conceptos que el ministro José Ignacio Wert definió como "controvertidos" y "susceptibles de caer en un adoctrinamiento ideológico", tales como racismo, sexismo, la pobreza en el mundo, la feminización y, sobre todo, la parte que abordaba las relaciones afectivas y emocionales entre las personas.

Esta pequeña porción que desaparece de la asignatura obligatoria de Ciudadanía, creada en 2006 por el anterior Gobierno socialista, hizo desfilar a los obispos del país y a un nutrido elenco de miembros del PP en manifestaciones multitudinarias por las calles de Madrid, por eso no extraña que Mariano Rajoy haya vetado algunos contenidos. La parte de EpC que aborda la diversidad de género también motivó el largo y convulso recorrido judicial que atravesó la asignatura, desde que fue denunciada por una familia de Huelva por "vulnerar la libertad moral y religiosa" de su hijo hasta que el Constitucional sentenció que no transgredía ningún derecho fundamental. Los jueces argumentaron que una materia por sí misma no puede adoctrinar a los alumnos.

Al eliminar esos contenidos, el presidente del Gobierno ha indignado al sector más progresista de la sociedad, pero por ahora mantiene la asignatura en el currículum, lo cual tampoco le ha hecho gracia a la parte más conservadora. Rajoy tuvo una relación dispar con esta materia. Primero se apuntó a la teoría que abanderaba la Conferencia Episcopal, la de que Ciudadanía servía para adoctrinar las mentes jóvenes. Cuando el Constitucional fulminó esa tesis, Rajoy siguió rechazando la materia, pero esta vez con el argumento de que "no servía para nada". Una vez en el Gobierno, el presidente ha optado por mantener la asignatura, porque España se comprometió a hacerlo ante el Consejo de Europa (el órgano que eligió grosso modo los contenidos) hace casi diez años, cuando también gobernaba el PP de José María Aznar.

Esta solución salomónica de preservar la materia haciendo una limpia de todo lo que escueza a la Iglesia ha traído consigo mucha demagogia. Las tornas de la polémica se han invertido, y ahora el PSOE ha asumido el debate ideológico y la tesis de que el Gobierno puede usar esta asignatura para adoctrinar. El telón de fondo es el mismo, sólo que ahora son los socialistas los que reprochan al PP que no permita que se expliquen en las aulas temas espinosos, como lo que siente una persona por alguien de su sexo. Si la conclusión del Constitucional fue que EpC no es una herramienta de adoctrinamiento por tener temas de más, tampoco debería serlo por tener temas de menos. Aceptar la tesis de partida es aceptar que, en efecto, una asignatura es algo potencialmente pernicioso para la educación de un niño. El mayor sentido común en este debate politizado, polarizado y demagógico lo aportaron los profesores. Si los niños preguntan en clase qué es la homofobia -forme o no parte del examen-, es al maestro a quien corresponde decidir cómo se lo explica. De ellos dependerá si habla de la homosexualidad en clase de Historia, de Literatura o de EpC.

La homofobia no estará el próximo curso en el temario de Ciudadanía del resto de España, y sí en el de Andalucía, que prevé reintroducir éste y otros conceptos censurados por Wert aprobando unas simples instrucciones dirigidas a los centros de ESO. Las comunidades no tienen competencias para restar contenidos a una materia obligatoria, pero cuentan con un margen del 35% para añadir temas al currículum. En el primer diseño de Ciudadanía, la Junta incluyó elementos propios de Andalucía, como una alusión al Estatuto de autonomía. Ahora aprovechará ese margen para recuperar los temas vetados.

¿Quiere esto decir que los andaluces estudiarán el próximo curso las causas de la homofobia y el racismo y el resto de españoles no? Sería simplista aceptar una conclusión como ésta. Estaríamos dando por hecho que el currículum oficial y el libro de texto tienen el mismo poder para el maestro que la Biblia para los obispos. Los profesores de Ciudadanía, que en su mayoría provenían de Filosofía, fueron los primeros en advertir que la escuela es un órgano vivo que puede moverse en muchas direcciones. Normalmente hacia la que señala el profesor, pero también hacia la que apuntan los alumnos, sus inquietudes y sus ganas de preguntar.

Hay un currículum oficial regulado por una ley y hay unos contenidos mínimos aprobados en un real decreto, pero también hay margen para moldear y adaptar esos contenidos. La enseñanza debería parecerse más a una calle repleta de gente distinta, que a un libro lleno de subíndices. Tratándose de Ciudadanía, además, hay toda una realidad social alrededor de la escuela que por fuerza ha de ser permeable al temario, haya o no haya referencias explícitas en su interior. Mal harían los profesores si, después de una agresión homófoba a uno de sus alumnos en la puerta del instituto, no aparcasen de inmediato el currículum para debatir con sus estudiantes qué ha ocurrido, por qué y cómo puede evitarse.

Aunque la homofobia no esté en los libros de texto, está en las normas escolares. En 2010, Andalucía incluyó por primera vez una referencia explícita al concepto en la normativa de convivencia escolar. La homofobia "se considera una conducta gravemente perjudicial" en Secundaria, y se castiga con el traslado a otro centro del agresor o con su expulsión durante un mes.

También fueron los profesores quienes solicitaron a la Consejería de Educación que incluyera el término explícito en los reglamentos orgánicos de Secundaria, al percibir que muchas de las agresiones que se dan en los institutos tienen motivos homófobos. Hasta entonces las escuelas castigaban los insultos de corte sexista, incluyendo en esa categoría los ataques a alumnos o maestros gays. Fue un avance subrayar el término y llamarlo por su nombre, y las asociaciones andaluzas de gays y lesbianas aplaudieron la iniciativa. La Comunidad de Madrid, gobernada por Esperanza Aguirre (PP), había incluido el concepto homofobia entre las conductas punibles, dentro de su normativa escolar hacía tres años.

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