C. Rengel / J. Alonso
"Los vi desde el balcón. Los bajaron de un camión, los oí gritar, rezar, encomendarse a sus madres y lanzar vivas a la República. Luego los mataron sin piedad. No sabía qué significaba aquello, pero se me grabó en el corazón". Manuel Vargas, 75 años, recuerda bien los fusilamientos de la muralla de la Macarena, que divisaba desde su casa de Don Fadrique. Ayer, ante unas 150 personas que enarbolaban banderas tricolores en un 14 de abril como el que hace 78 años alumbró la II República, Manuel se emocionó al relatar unos hechos que, ahora, cuentan con un monolito que dice que fueron verdad.
Está a la vera de la tumba del general Queipo de Llano, ese "genocida y asesino", según denunció José Manuel García, edil de IU y portavoz de la Plataforma Sevilla por la República. Todo el grupo municipal de IU acudió al acto, programado tras la visita al cementerio de San Fernando para conmemorar el 78 aniversario de la proclamación de la República; el lienzo que cubría el monolito fue descubierto por su teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos, y por el coordinador general de IU en Andalucía, Diego Valderas. Ellos dejaron ver el lema: "En memoria de los fusilados en estas murallas por defender la legalidad republicana, la libertad y la justicia", reza. "Es una muestra del honor, la gloria, la memoria, el recuerdo y el agradecimiento para con los que lucharon por la democracia", remarcó Torrijos. Los historiadores calculan que ante la muralla se produjeron fusilamientos hasta los primeros 50, que acabaron con la vida de 2.000 personas. Entre ellas, unos 70 mineros de Huelva asesinados allí tras ser detenidos en La Pañoleta cuando llegaban para auxiliar a los resistentes sevillanos.
IU, además, pedirá el viernes en el Pleno que el Consistorio pueda inscribir en el registro civil a los desaparecidos en la Guerra Civil que no constan como muertos, ya que ahora hay que acreditar su fallecimiento con dos testigos y ante un juez. Si prospera su propuesta -lanzada a instancias de CGT-, las familias podrán cerrar el trámite con documentos oficiales que constaten la detención o represión franquista sin necesidad de testigos (que en su mayoría han muerto ya).