La Asociación de la Memoria Histórica halló ayer los primeros restos de los 11 fusilados enterrados en una de las fosas del cementerio de Calañas, ante la atenta mirada de los familiares de los fallecidos. "Hoy se ha comenzado a hacer justicia", decía Antonia Trigo, una de las impulsoras de la exhumación de esta fosa.
Ella tiene 83 años. Todavía recuerda cómo con sólo 13 recorría los 14 kilómetros que separan la fosa de su casa, en El Cerro del Andévalo, a lomos de un burro. "Venía a ver a mi padre, que fue matado por darle limosna a un pobre", recuerda. Ayer volvió a ese cementerio y espera que sea por última vez. Cuando terminen las labores de exhumación, y una vez que los restos de las once personas sean identificados, podrá darle sepultura en su pueblo.
La apertura de la fosa, prevista con antelación, adoptó un aire reivindicativo al producirse un día después de que la Audiencia Nacional dictara la paralización de las exhumaciones ordenadas por el juez Baltasar Garzón. Los trabajos en Calañas pueden continuar porque no es una de las 19 fosas que Garzón ordenó abrir, como la de Lorca o el Valle de los Caídos.
Durante todo el día, Antonia siguió, junto a otros familiares como Agustín Serrano, las labores del equipo multidisciplinar de la Asociación por la Memoria Histórica desplazado hasta el corazón del Andévalo para desenterrar y clasificar los huesos con la ayuda de una forense. El trabajo, en el que estuvo presente Odiel, comenzó poco después de las diez de la mañana. Una hora más tarde hallaron los primeros restos: dos fémures que, a priori, estaban en buen estado de conservación. A última hora de la tarde ya se veían con claridad tres cuerpos. Los cadáveres corresponden a once personas asesinadas el 13 de noviembre de 1937 a las puertas del cementerio de Calañas.
Antonia y Agustín son ya ancianos y llevan toda la vida luchando por recuperar los cuerpos de sus padres. Poco después de que fueran ejecutados, el sepulturero del cementerio de Calañas les indicó el lugar exacto donde fueron enterrados.
A principios de 2003 otro cerreño, Francisco Javier González, comenzó con los trámites legales necesarios para llevar a cabo esta exhumación. "Por fin puedo enterrar a mi padre", repetían ayer una y otra vez los familiares de las víctimas.
Estos once están identificados con nombres y apellidos pero Calañas entierra a muchos fusilados. Tantos que es imposible cuantificarlos. Hasta este pequeño pueblo llegaron ejecutados de Huelva, Valverde del Camino, Zalamea, El Cerro y los municipios de la Cuenca Minera, donde el Frente Nacional arrasó debido a la tradición republicana de la zona.
Quedan otros muchos. El problema es que hasta poco después de 1950 se seguían practicando los entierros comunitarios, de varios cuerpos, porque las familias no tenían dinero para pagar nichos individuales. El cementerio es una gran fosa aún por identificar.
Los voluntarios tardarán varios días en desenterrar los huesos. Deberán descubrir cuerpo a cuerpo. Después serán levantados "porque normalmente están unos encima de otros", aclaró Santiago Macías, portavoz de la asociación.
Los restos serán analizados en uno de los laboratorios que colaboran con la asociación (de las universidades de Madrid, el País Vasco y León). La asociación prevé que no hará falta hacer pruebas de ADN a todos porque hay un informe previo con datos precisos de los muertos sobre tallaje, huesos rotos o dientes de oro.
