Así lo argumenta el TS en una sentencia en la que rechaza el recurso del Gobierno del entonces lehendakari Juan José Ibarretxe contra la resolución del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que anuló en 2005 las subvenciones del Ejecutivo autonómico para financiar estas visitas.
La orden, aprobada en julio de 2003 por la consejería de Justicia, que entonces dirigía Joseba Azkarraga (EA), fue recurrida por el Gobierno central, aunque la intención del Ejecutivo vasco era mantener las ayudas a las familias de los presos hasta que finalice la dispersión.
El Supremo insiste en que, pese a que el Estatuto de Autonomía vasco otorga la competencia en materia penitenciaria al Gobierno autonómico, ese ejercicio está condicionado por las trasferencias en materia penitenciaria, pendientes de aprobación. Además, argumenta que aunque el País Vasco sí tiene competencias para conceder ayudas de asistencia social, esas subvenciones deben destinarse únicamente a los familiares de los internos de los centros vascos, "pues la territorialidad es un límite intrínseco al ejercicio de la competencia".
El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, afirmó ayer que su partido respeta la sentencia pero precisó que se trata de ayudas sociales para los traslados de los familiares. "No fueron ayudas por el hecho de ser familiares de presos, sino que se enmarcan en las partidas de Acción Social del Gobierno vasco y de los ayuntamientos", según dijo, con el objetivo de sufragar las visitas de los parientes de presos internos en centros penitenciarios fuera de Euskadi. Por su parte, el portavoz del PP vasco, Leopoldo Barreda, expresó ayer su satisfacción por la sentencia del Tribunal Supremo porque demuestra que no sólo había "razones éticas" para prohibir las subvenciones, sino también "jurídicas".
Mientras tanto, los partidos nacionalistas EA, Aralar, la izquierda abertzale, Alternatiba y Abertzaleen Batasuna, que se habían adherido a la manifestación en favor de los derechos de los presos de ETA prohibida por la Audiencia Nacional, convocaron ayer una nueva marcha con el mismo lema. Según ellos, la Audiencia Nacional sigue una clara "estrategia del Estado para negar la existencia de Euskal Herria".
