La defensa de Juan José Ibarretxe ha dado un giro radical a su estrategia y ahora sí quiere que se celebre el juicio que lo sentó ayer jueves en el banquillo por reunirse con batasuna. Su abogado quiere ahora que continúe la causa para demostrar la inocencia del lehendakari y argumentar la legitimidad de los encuentros con la ilegalizada Batasuna.
Por ello, su defensa ha retirado la cuestión previa en la que se pedía la suspensión del procedimiento, que han sostenido el resto de las defensas y el ministerio Fiscal. El juicio contra el lehendakari y los dirigentes del PSE Patxi López y Rodolfo Ares, además de cinco representantes de la izquierda abertzale, comenzó en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco con la lectura de los informes provisionales de las acusaciones, que piden el procesamiento de los ocho acusados por haber vulnerado la sentencia que ilegalizó Batasuna en las reuniones de 2006.
El colectivo Foro Ermua y la asociación Dignidad y Justicia volvieron a reclamar penas que van desde los nueve meses hasta los cuatro años de prisión, al considerar que en las reuniones que celebraron las delegaciones de la izquierda abertzale con Juan José Ibarretxe y también con los líderes del PSE se desobedeció la orden judicial que apartaba a Batasuna de la actividad como partido político.
El abogado de Ibarretxe, Mikel Casas, argumentó que "la pena de banquillo que ha soportado" el lehendakari y el resto de imputados en estos dos años y ocho meses desde que se inició el procedimiento es "más que suficiente" para intentar demostrar que tiene la razón. Por ello, prefirió que se desarrolle el juicio para que haya una sentencia favorable. Según él, Ibarretxe "hizo lo que tenía que hacer" como lehendakari, ya que una resolución del Parlamento le instaba a promover el diálogo encaminado a la normalización política y a que fuera "agente activo en la búsqueda de la paz".
Por su parte, la Fiscalía y las defensas de los dirigentes del PSE y de Batasuna han exigido al Tribunal que suspenda la vista porque la causa no se puede sostener únicamente sobre la petición de la acusación popular, dado que no existe en este caso y el Ministerio público ha mantenido desde la fase de instrucción que no hubo delito en aquellos encuentros.
