Ibercaja, propietaria del edificio de San Lázaro ocupado por 36 familias desde hace más de un año, alega que solo cuatro familiares -y una decisión- presentaron la documentación solicitada para acogerse a la oferta de realojo de la entidad en el plazo de un mes acordado en el preacuerdo firmado a finales de mayo por el que la caja paralizó la petición judicial de desalojo forzoso del inmueble. Una petición que volvió a registrar en los juzgados sevillanos el pasado 30 de julio, cuando el plazo expiraba el día 20, defienden desde la caja.
La nueva petición pilló el pasado jueves por sorpresa a los vecinos de la llamada Corrala Utopía, que esperaban que Ibercaja contactara con ellos desde la firma del acuerdo para negociar las posibles soluciones para las familias y defienden que éstas han contactado con los servicios sociales municipales para someterse a la valoración que exigía Ibercaja, cuyo compromiso era buscar una salida a quienes demostrarse estar en una situación de extrema necesidad. Desde la Corrala aseguran que a muchos vecinos los servicios sociales no han llegado a darles ni la cita para valorarlos y otros estaban a la espera del informe, pero Ibercaja alega que solo cuatro de las 36 familias se interesaron por recopilar la documentación exigida un informe oficial de los servicios sociales y no expedientes recopilados por ellos mismos aportados inicialmente y de ellas una desistió de continuar en el proceso. Las otras tres han sido realojadas en otros inmuebles que posee la entidad en la capital mediante el programa Llaves Solidarias de Ibercaja, consistente en avalar a las familias para que accedan a un alquiler social de un año. Para Ibercaja, la entidad ha cumplido con lo acordado y son los vecinos los que no han mostrado interés. Para los vecinos de la Corrala Utopía, la caja ha actuado por detrás y hace una interpretación rígida de los plazos. Entienden que lo firmado es que dejarían el bloque en un mes desde que tuvieran una alternativa. Las familias afirman que el último contacto que tuvieron con Ibercaja fue a finales de junio cuando la entidad les pidió los nombres de los vecinos que serían interlocutores en la mesa de negociación. Ibercaja aduce que las condiciones estaban claras en el acuerdo, por lo que admite que no contactó con las familias antes de registrar en los juzgados la nueva petición de desalojo forzoso. El plazo estaba fijado y había pasado, señalan.
Actualmente hay 34 familias en el bloque, ya que aunque tres han sido realojadas por Ibercaja en otros inmuebles uno de los pisos libres ha sido de nuevo ocupado. Ibercaja ha registrado en el juzgado de instrucción 3 de Sevilla un escrito en el que alega que nos vemos obligados a reiterar la solicitud de desalojo forzoso. Cuando Ibercaja retiró la anterior petición, la jueza había tomado declaración a la mayoría de los vecinos (salvo tres pendientes de que la magistrada se desplazara al edificio por encontrarse enfermos) imputados por ocupación ilegal, ante lo que fueron instados a abandonar voluntariamente el edificio bajo amenaza de desalojo forzoso. Un proceso que ya se produjo en la Corrala La Ilusión, otro edificio ocupado en la Alameda.
En el escrito, Ibercaja recuerda que el fiscal ya se pronunció a favor del desalojo forzoso y por tanto, entendemos que no es necesario que sea oído nuevamente, por lo que pedimos al juzgado que se acuerde el inmediato lanzamiento, fijándose fecha las familias prevén que sea en noviembre . Solicita, además, que a la vista del elevado número de ocupantes, acuerde las medidas policiales proporcionales, así como de asistencia sanitaria y de servicios sociales.
