Las familias que residen desde hace más de un año en la Corrala Utopía han recibido como un jarro de agua fría la noticia de que Ibercaja, la propietaria del edificio de San Lázaro que estas personas ocuparon, ha retomado el proceso de desalojo de las viviendas. Un proceso que la propia caja paralizó el pasado mes de mayo al retirar del juzgado su petición de que el inmueble fuese desalojado de manera forzosa e inmediata, al menos, hasta que transcurriese el plazo fijado entre la propiedad y las familias para realojar a las que demostrasen con informes oficiales de los servicios sociales municipales que su situación es de extrema necesidad.
Nos han mentido, se lamentaba ayer Toñi, una de las inquilinas, al explicar que el pasado jueves los abogados les notificaban que se reactivaba el proceso de desalojo y que, aunque todavía no se ha marcado una fecha concreta para llevarlo a cabo, les aseguran que con toda probabilidad se producirá en el mes de noviembre. Así, Ibercaja ha vuelto a presentar en el juzgado una petición de desalojo del inmueble lo hizo el 31 de julio que la juez ha aceptado, según fuentes de la Corrala.
El acuerdo alcanzado entre las partes implicaba el compromiso de las familias de presentar esos informes sociales y de marcharse voluntariamente de los pisos ocupados en el plazo máximo de un mes desde que Ibercaja les encontrase una alternativa en alquiler social. Ibercaja, por su parte, se comprometía a retirar la petición de desalojo, volver a retomar la mesa de negociación y facilitar la documentación para acceder al suministro de agua y luz.
La primera queja de las vecinas y por lo que se sienten engañadas es por el silencio de la caja. El 23 de mayo se firmó el preacuerdo, pero en él no se concretaba nada. La última comunicación que tuvimos con ellos fue a finales de junio. Nos pidieron los nombres de los interlocutores que formarían parte de la mesa de negociación y les dimos los de cuatro vecinas. Aún están esperando que las llamen, señalaron desde la corrala, para abordar los detalles de los realojos y las condiciones.
Además, las vecinas se quejan de que intentaron ahogarnos con burocracia. Aseguran que entregaron los informes sociales, después nos pidieron la autorización de todas las vecinas para utilizar esos datos y las presentamos. Después el Ayuntamiento decidió que los informes debían ser realizados por sus propios servicios sociales y las derivó a los servicios sociales de cada distrito. Ahí tuvimos respuestas dispares: a algunas le dieron cita para octubre, a otras les dijeron que no les correspondía atenderlas. Está claro, aseveran: Ibercaja ha roto el acuerdo. Sin embargo, según el relato que les han hecho sus abogados, la caja interpreta el acuerdo de otra manera y considera así se lo ha trasladado a la juez que ya ha cumplido su parte. Una afirmación que sustenta en que ha realojado a tres familias de la Corrala, con las que han negociado de espaldas al conjunto de vecinos y del que los demás no tenían constancia. Lo han hecho con tres familias, pero con el resto, no. Quedan 34 porque una de las familias que se han ido ha sido sustituida por otra. Ahora tratarán de explicar a la juez que el pacto no era ése y que hay familias que no han podido acreditar su estado porque la cita la tienen en octubre o porque se han encontrado con problemas de burocracia y de saturación de los servicios sociales, precisaron.
El sentimiento de que la caja les ha engañado se incrementa porque la semana pasada las vecinas se acercaron a la Gerencia de Urbanismo para ver cómo iba el proceso para tener suministro de agua y luz. La respuesta fue que Ibercaja había pedido una prórroga para presentar la documentación necesaria para pedir la licencia de primera ocupación, fundamental para dar ambos servicios al edificio de San Lázaro.
