Ibercaja, propietara del inmueble ocupado conocido como Corrala Utopía que fue desalojado por la Policía esta mañana, ha comunicado esta tarde a la Consejería de Fomento y Vivienda -con quien mantenía una negociación abierta para ofrecer alternativas a las familias- que tras la evacuación del inmueble retira su oferta y da un paso atrás en la mesa de diálogo abierta ya que "ligaba su colaboración a que no se produjera el desalojo", según explicaron fuentes de la Consejería.
Tras el fracaso de la Comisión bilateral creada entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía para repartirse el realojo de las familias en VPO públicas, la consejería inició una negociación con Ibercaja -en la que actuó como mediador el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu- que, según el propio Defensor y la Junta, estaba en vías de solución, incluso antes de Semana Santa. La propuesta que se barajaba era que Ibercaja ofrecía un alquiler social en otros pisos de su propiedad a las familias durante un año (una opción que siempre tuvo sobre la mesa y que algunas de las familias ocupas aceptaron) mientras la Junta terminaba la promoción de VPO que tiene casi ultimada en San Bernardo para realojarlas en ellas. Según fuentes de la Junta, esta negociación estaba muy avanzada y se estaba perfilando detalles sobre la ubicación de los pisos y la cuantía de los alquileres sociales de Ibercaja. Sin embargo, la orden de desalojo era firme desde hace más de un mes y la jueza ordenó su ejecución el pasado 25 de abril, sin que el recurso de las familias al Tribunal Europeo de Derechos Humanos pidiendo su paralización prosperase.
En esas circunstancias, esta mañana la Policía ejecutó definitivamente el desalojo e Ibercaja ha decidido retirarse de la mesa de negociación.
Desde la evacuación del inmueble, las familias y grupos de apoyo a la Corrala Utopía han protagonizado una marcha hasta el Centro de la ciudad, un intento de encierro en la Catedral y una concentración en la Plaza Nueva. El Ayuntamiento les ha ofrecido como salida inmediata para esta noche el albergue municipal, si bien ninguna de las familias hasta el momento se han acogido a esta posibilidad y defienden que llevarán a los menores con familiares pero continuarán su lucha en la calle.
