La entrada en vigor del registro de preasignación de proyectos de energías renovables con el que el Ministerio de Industria ha tratado de poner orden en un sector con un crecimiento desorbitado y la dificultad de desarrollar tecnologías para construir parques eólicos marinos han bloqueado el crecimiento de Iberdrola Renovables, filial de la compañía eléctrica con sede en Bilbao, en la comunidad andaluza.
El presidente de la división de energías verdes de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, admitió ayer, en la jornada previa a la junta de accionistas que se celebra hoy en Valencia, que las condiciones del litoral andaluz no hacen rentable a día de hoy, con la tecnología actual, la construcción de parques eólicos offshore (dentro del mar) en las costas de Huelva y Cádiz.
El problema reside en la excesiva profundidad de la costa andaluza, que supera los 40 metros que hacen inviable este tipo de proyectos que sí se contempla poner en marcha en el Reino Unido. De hecho, en 2012 se iniciará la construcción del primer parque de estas características en Irlanda, y este mismo año se ha creado una división específica para este negocio con sede en Escocia.
Así pues, enfrió las opciones andaluzas de participar en la "segunda revolución de las renovables", al reconocer que España tiene un potencial muy bajo para explotar estas instalaciones, algo que no ocurre con los parques eólicos terrestres, donde aún queda un gran recorrido.
No obstante, éstos tienen que afrontar otra problemática, la limitación que impone el registro de preasignación de potencia instalada, por el que Industria da el visto bueno a los proyectos que podrán construirse. Ha sido la vía que ha buscado el Ejecutivo para intentar reordenar un sector que se había disparado por el atractivo de las primas.
En el caso andaluz, Iberdrola Renovables no ha conseguido la adjudicación de ningún proyecto en Andalucía, de manera que se han quedado en el aire los 82 megavatios (mW) de potencia que proyectaba en la comunidad - y que habrían supuesto una inversión de en torno a 130 millones de euros- y que, en cambio, sí que fueron aceptados en el concurso que la Junta de Andalucía lanzó en febrero de 2009 para cubrir una potencia de 500 mW. Finalmente de esa cifra, sólo 40 megavatios fueron autorizados por Industria.
Sánchez Galán lamentó no haber conseguido luz verde para ningún proyecto andaluz y recordó "el compromiso por parte del consejero andaluz [de Innovación] de que el parque eólico de El Marquesado (en Granada) sería uno de los más grandes de Europa; es una pena que se quede como uno de los más grandes de España", sentenció.
El presidente de Iberdrola Renovables reclamó así para España la misma seguridad y estabilidad jurídica con la que cuentan países como EEUU o el Reino Unido en materia de energías limpias, circunstancia que ha hecho que la compañía focalice sus inversiones en esos destinos. De los 9.000 millones que desembolsará entre 2010 y 2012, más de la mitad irán, al otro lado del Atlántico (5.000 millones), país donde además cuenta con suculentas subvenciones que aportan hasta el 30% de la inversión total. Mientras el Reino Unido recibirá 1.900 millones (el 21%), a España, y según los proyectos adjudicados en el registro de Industria, se destinarán 1.000 millones en ese periodo, la mayoría de ellos a Castilla y León.
Sánchez Galán volvió a arremeter contra las termosolares y las fotovoltaicas, cuyo crecimiento desmedido, aseveró, se ha traducido en un encarecimiento de la electricidad. Por esta razón, reclamó que se demore su desarrollo hasta que no sean tecnologías realmente competitivas si no se quiere aumentar más el déficit tarifario o que siga subiendo el coste del recibo de la luz.
En cuanto a los objetivos para 2012, éstos pasan por contar con una potencia instalada de 16.000 megavatios, frente a los 12.500 con los que espera contar a cierre de 2010.
ACS impugna la junta de accionistas de la eléctrica
ACS presentó ayer ante los juzgados de lo Mercantil de Bilbao una demanda en la que impugna la decisión de la junta de accionistas de Iberdrola de negar la entrada de un representante de la constructora en el consejo de administración de la eléctrica, confirmaron ayer fuentes de la empresa.
La demanda está acompañada de seis informes periciales que, según la constructora, demuestran que no hay conflicto de intereses entre las dos empresas que justifique la exclusión de ACS, primer accionista de Iberdrola (con una participación del 12%), del órgano de gobierno de la eléctrica.
El 26 de marzo, en la junta de accionistas de Iberdrola, la mesa aceptó inicialmente la petición de ACS de contar con un representante en el consejo en ejercicio de la representación proporcional. El elegido fue José María Loizaga.
Sin embargo, instantes después, un accionista de la eléctrica, el abogado Ramón Hermosilla, solicitó el "cese" inmediato de Loizaga apelando a un conflicto de intereses entre las dos empresas por competir en sectores como el de la ingeniería o el de las renovables. El consejero de ACS José Luis del Valle pidió el voto negativo a esta petición y sostuvo que no compiten directamente. Según Del Valle, bastaría con que Loizaga se ausentara del consejo cuando éste abordase temas que pudieran conllevar un conflicto de intereses.
A pesar de estas alegaciones, la junta de Iberdrola votó la exclusión del representante de ACS y, acto seguido, acordó reducir de 15 a 14 el máximo de consejeros de la eléctrica.
Por su parte, Iberdrola aseguró ayer que actuó conforme a la legalidad vigente en esa junta e insistió en que el conflicto de competencias aducido para impedir la entrada de la constructora es "evidente, nítido y reconocido" por el grupo presidido por Florentino Pérez.
