Local

Igualdad implica a las comunidades en la viabilidad de la Ley de Dependencia

La consejera de Igualdad cree que la Ley de Dependencia es viable "y lo sería más" si su desarrollo fuera igual en todas las comunidades.

el 18 nov 2011 / 14:01 h.

TAGS:

La consejera de Igualdad, Micaela Navarro, dejó claro que, en contra de lo que dijo el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, la Ley de Dependencia es viable "y lo sería más" si su desarrollo fuera igual en todas las comunidades. Navarro, que encabeza una reivindicación para que el dinero que el Estado destina a las autonomías para sufragar la ley sea en función del tipo de prestación ofrecida, reconoció que las ayudas económicas a los familiares cuidadores "no tienen ningún retorno" a diferencia de los servicios, que generan empleo y con ello trabajadores con capacidad de consumir y sin necesidad de cobrar el paro. En Andalucía las ayudas económicas suponen el 43,24% de las prestaciones concedidas pero "hay comunidades gobernadas por el PP donde son el 80%". Para incentivar estas ayudas, que en los primeros años superaban a los servicios, la comunidad hizo compatibles los centros de día con la ayuda a domicilio y suprimió las vacaciones incentivadas para los familiares cuidadores.

Navarro admitió que la ley "tiene muchos problemas de financiación, evidentemente, y necesita más dinero" pero aseguró que su viabilidad "tiene que ver también con el compromiso de las comunidades de aplicarla porque hay comunidades que con el dinero que reciben del Estado le sobra para las prestaciones que han dado". La consejera recordó que "no es lógico" que cuatro años después de su aplicación el 30% de los dependientes reconocidos sean andaluces, por encima del peso poblacional de la comunidad, del 18%, y que Andalucía conceda más ayudas y servicios que Galicia, Madrid, Valencia y Castilla y León juntas.

La consejera puso en valor que la atención a los dependientes no es "loable" como dijo Rajoy porque "loable es la caridad" sino que es un derecho que en Andalucía se mantendrá "llueva lo que llueva", pero también advirtió de que "si no recibimos parte del dinero del Estado no podremos dar las mismas prestaciones que estamos dando" (la ley es cofinanciada entre ambas administraciones). Y recordó que si la ley se suprime "hay casi 200.000 personas que mañana se pueden ver sin esa prestación" pero también " 50.000 que mañana se pueden quedar sin empleo" y "muchas empresas en peligro" que "han invertido parte de su capital en la construcción de residencias con el aval de que la Junta iba a concertarles plazas".

"Se trata de ver las prioridades y no salir de la crisis a costa de cualquier cosa" porque "las carreteras se pueden terminar un año más tarde pero las personas no pueden esperar un año", subrayó, tras denunciar que la supresión de la ley "supone acabar con la cohesión social" y que solo puedan ir a una residencia o tener una ayuda en casa quienes puedan pagarlos porque "una plaza en una residencia cuesta 15.000 euros al año y qué familia puede pagar eso". Actualmente, el dependiente destina entre el 25% y el 75% de su pensión -según lo que cobre- al pago de la residencia o centro de día en los que la ley tiene que garantizarle plaza y la ayuda a domicilio entre el 5% y el 80% según los ingresos, siendo gratuita para los que cobran menos de una vez el IPREM (532,51 euros mensuales para 2011). La ayuda económica también depende de los ingresos.

  • 1