La Consejería de Igualdad ha adelantado a los ayuntamientos 148,5 millones de euros para cubrir el servicio de ayuda a domicilio a personas dependientes durante el primer semestre de este año, pero la consejera Micaela Navarro afirma que el impago a los trabajadores de este servicio por parte de los consistorios "es un hecho generalizado" y anuncia que la Junta va a tomar "medidas contundentes" para evitarlo. Aunque aún estudia la fórmula jurídica para condicionar la transferencia del dinero al pago de las nóminas del personal que presta este servicio, Navarro apuntó a la posibilidad de exigir a los municipios crear una caja exclusiva para este fondo con carácter finalista en vez de ingresarlo en una caja única de las arcas municipales.
El servicio de ayuda a domiclio es una de las prestaciones reconocidas en la Ley de Dependencia de la que actualmente se benefician 36.847 personas en Andalucía, lo que supone el 18% de las prestaciones concedidas. Esta asistencia por horas en casa del dependiente, que en Andalucía es compatible con otros servicios como el centro de día o la teleasistencia, se presta a través de los servicios sociales comunitarios municipales pero con fondos autonómicos y Andalucía es la única comunidad que adelanta semestralmente estos fondos a las corporaciones locales -a los ayuntamientos en el caso de los municipios de más de 20.000 habitantes y a las diputaciones para el resto- para que presten este servicio, en el que trabajan 13.400 profesionales.
Sin embargo, en los últimos meses se han producido movilizaciones, huelgas y denuncias sindicales por el impago de las nóminas a los empleados de estos servicios en municipios como Almuñécar (Granada), San Roque, El Puerto o Jerez (Cádiz), entre otros, si bien la consejera afirma que es un hecho "generalizado" en "casi el 100% de los ayuntamientos y de todo signo". "No estoy dispuesta a que haya trabajadores de ayuda a domicilio sin cobrar cuando nosotros adelantamos a los ayuntamientos el dinero con seis meses de antelación", señaló tajante Navarro.
La consejera explicó que actualmente la mayoría de ayuntamientos ingresan la transferencia de la Junta en una caja única municipal, algo que "no es ilegal", pero dado que se está reiterando el impago a los trabajadores, Igualdad estudia fórmulas jurídicas para exigir a los municipios que se ingrese en una cuenta separada y garantizar que se destina al pago del personal, vinculando el abono del mismo por parte de la Junta a que se acredite el pago de las nóminas.
El aparcamiento para discapacitados, sin fraude
Las tarjetas que habilitan aparcamientos especiales para las personas con movilidad reducida serán, a partir del 29 de junio, más difíciles de falsificar, ya que tendrán un holograma que imposibilitará su fotocopia. Es una de las medidas adoptadas por la Junta ante el fraude detectado en el empleo de estas tarjetas, que actualmente cuentan con 48.000 usuarios en Andalucía.Además, los usuarios mayores de 70 años tendrán que renovarlas cada cinco años y no cada diez como hasta ahora y los mayores de 80 años, cada dos, según anunció ayer la consejera de Igualdad, Micaela Navarro, en el Parlamento.
La Junta amplía los beneficiarios de estas tarjetas a las personas con discapacidad visual para desplazarles y a los menores de tres años con una discapacidad grave –a los conductores encargadas de sus desplazamientos, se entiende–. La tarjeta, que se solicita en las delegaciones provinciales de Igualdad, se obtendrá en el acto.
