La Junta instó ayer a modificar la prevalencia que la Ley de Dependencia da al criterio familiar al elegir la prestación a recibir. La consejera de Igualdad abogó por que prime la opinión del profesional que hace la valoración y no sea determinante la de la familia. El debate estará sobre la mesa el día 27 en la reunión del Consejo Territorial.
Si a través de una Proposición no de Ley del PSOE-A la comunidad ha reclamado que los recursos que el Estado destina a las autonomías para el desarrollo de la ley tengan en cuenta el ritmo de aplicación en cada territorio, ayer la consejera de Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, instó a "hacer una revisión" para que el criterio de los profesionales que hacen las valoraciones prime sobre el de las familias de los dependientes al decidir la prestación que éstos recibirán. En el trasfondo hay una preocupación porque "las prestaciones económicas han crecido más" de lo previsto y la mayoritaria elección de éstas "ha sorprendido a todas las comunidades".
En Andalucía hay 109.208 beneficiarios con el derecho reconocido y 35.186 de ellos han optado por prestaciones económicas (la mayoría para cuidados familiares), 14.164 por recursos asistenciales (residencias o centros de día) y 26.008 por servicios en casa (teleasistencia o ayuda a domicilio), según los últimos datos del Gobierno a 2 de noviembre (el resto aparecen como prestaciones sin especificar).
Navarro lanzó esta opinión a una semana de la reunión que el Ministerio y las comunidades autónomas mantendrán el día 27 para unificar los criterios que deben cumplir los centros que quieran ser acreditados para concertar plazas para dependientes y las bases para calcular la parte del servicio que debe pagar el usuario (actualmente Andalucía tiene en cuenta el nivel de renta y el patrimonio disponible sin contar la vivienda habitual pero no hay unas bases estatales establecidas). Así pues, el criterio que debe primar al elegir la prestación no figura en el orden del día y según la consejera ya ha manifestado varias veces al Ministerio "oficial y oficiosamente" la necesidad de "abrir una reflexión" en este sentido, por lo que no descartó volver a hacerlo en esa reunión.
Para Navarro, al finalizar 2008 será el momento oportuno de hacer una revisión sobre el desarrollo de la ley y "si es necesario corregir cosas" porque será el primer año completo con la norma en vigor. En este sentido, recordó que ya hay un grupo de trabajo sobre financiación para estudiar su repercusión económica, que la ministra de Educación, Política Social y Deporte, Elena Cabrera decidió crear "cuando vio que se sobrepasaban las previsiones del Libro Blanco" que calculaba los potenciales beneficiarios. En el caso de Andalucía, estas previsiones hablaban de entre 35.000 y 42.000 grandes dependientes, cuando actualmente ya hay 91.002 personas reconocidas como tales.
No obstante, la consejera de Igualdad señaló que "la gran avalancha ya se ha producido" y actualmente hay más prestaciones de servicios que económicas reconocidas al tratarse de dependientes graves. A su juicio, los nuevos grados que quedan por incorporarse optarán más por la ayuda a domicilio.
