Ikea. El proyecto de Ikea en San Nicolás Oeste no es más que el símbolo de este proceso. Si el debate se limitara a la instalación de la multinacional se podría encarar de otra forma. Pero no es así. Lo que pide Ikea, que es lo mismo que le pidió al anterior gobierno, es una recalificación que aumenta la edificabilidad para abrir un enorme centro comercial donde no estaba previsto. Y no es una petición aislada. El presidente de Gaesco, Miguel Rus, lo admite. Hay cola. Sin pensar demasiado salen un listado de sociedades que reclaman cambios del PGOU: Altadis lo pide para su fábrica, Primark para el edificio de la Gavidia, Isla Mágica para la Cartuja, Tablada Hispalís para la dehesa... Y hay más. Y en todos estos casos se puede dar la misma respuesta: son proyectos que crean empleo, no se pueden rechazar.
Las propuestas. El gobierno local puede mostrar dudas, pero quienes tienen muy claras sus propuestas son las empresas. Ikea, tras conseguir un primer cambio puntual del PGOU para instalarse en San Nicolás Oeste, solicita una edificabilidad 41.500 metros cuadrados por encima de lo que le permite el PGOU para su centro comercial. O eso o nada. Altadis presentó dos posibilidades: o se quedaba con un suelo para viviendas y se desentendía de su fábrica que podría tener el uso que el Ayuntamiento quisiera, o incluso se comprometía a participar en la financiación de los equipamientos de Los Remedios para compensar el suelo residencial que se le concediera. Primark quiere elevar el 20% de usos compatibles que tiene la Gavidia y reducir su catalogación de Suelo de Interés Público y Social a cambio de buscar otros 7.000 metros cuadrados en el casco histórico. Los promotores de Tablada quieren llegar a un acuerdo que les permita construir o al menos explotar una parte de sus terrenos o recibir suelos del mismo valor -con burbuja inmobiliaria incluida- en otra zona. Isla Mágica ha pedido poder construir una zona comercial en una parcela anexas...
Respuestas. Y quien tiene que responder es el gobierno. Igual que antes le correspondió con mayor o menor fortuna a Alfredo Sánchez Monteseirín. El anterior alcalde tampoco dio un ejemplo de coherencia en el respeto del PGOU. Llegó a entrar en una espiral similar a la de Zoido en la que se pierden por completo los límites. Monteseirín quiso cambiar el PGOU para Primark, y sólo el rechazo frontal de Urbanismo lo frenó. Negoció la salida que reclamaba Altadis y la recalificación de la fábrica, que abandonó por la falta de consenso entre los socios de gobierno. Estudió la propuesta de Isla Mágica y analizó con detenimiento la de Ikea que tuvo que bloquear porque los informes eran contrarios. La diferencia, además de que el gobierno anterior tenía que encarar un complejo consenso primero en cada uno de los partidos que lo formaban y luego entre ellos, es que Urbanismo no ofreció carta libre a los empresarios o puso el PGOU encima de la mesa con carácter general como sí ha hecho Zoido. Y hay otra distinción evidente. Antes había dinero para invertir tanto porque las arcas no estaban tan mal como por el fruto de los sistemas generales. Ahora todo está en sitios como la Encarnación, con un coste muy superior al producto que genera para la economía, y casi todo el desarrollo de la ciudad depende de la iniciativa privada. Hay, por tanto, una mayor dependencia, y no fijar los límites es, si cabe, más peligroso.
