Un juez de Granada ha calificado en una sentencia de "ilegales" los controles de alcoholemia al entender que suponen "una desigualdad de trato" a los bebedores con respecto a aquellos que conducen bajo los efectos de sustancias estupefacientes.
En una resolución en la que absuelve de un delito contra la seguridad del tráfico a un conductor que dio positivo en un control de alcoholemia, el titular del Juzgado de lo Penal 1 de Granada, Manuel Píñar Díaz, señala que actualmente no es igualmente tratado el que ha ingerido alcohol que el que ha consumido drogas.
Argumenta que el primero de ellos se ve "acosado y sometido a una inquina persecutoria" por la Policía mediante "obsesivos" controles de alcoholemia, mientras que el segundo "ni tan siquiera es molestado".
El juez tilda de "inaceptable" que se use la justicia "como un instrumento de azote al colectivo de bebedores", como lo acredita el notable volumen de condenas a éstos, frente a la "insignificancia", no ya de condenas, sino de denuncias tramitadas contra los que conducen bajo los efectos de otras drogas.
"Eso es una realidad a la que no se puede permanecer indiferente, pues la base de igualdad (de la justicia) está siendo fulminada", advierte el magistrado, quien considera que la vulneración de ese derecho "conlleva la nulidad de la prueba de alcoholemia como soporte de una condena".
En la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, Píñar Díaz considera por tanto "ilegítimos" e "ilegales" los controles preventivos dirigidos "exclusivamente" a detectar y sancionar a aquellos conductores que lo hacen bajo los efectos del alcohol.
El magistrado señala que sólo se indaga sobre dicho consumo y se omite toda actividad investigadora sobre el de drogas, estupefacientes o psicotrópicos, cuando ambas circunstancias son equivalentes en sus consecuencias jurídicas tanto en la Ley de Seguridad Vial como en el Código Penal.
Aunque dice que es "indiscutible" que la Administración "puede y debe" llevar a cabo controles de alcoholemia, incide en que "no es jurídicamente aceptable" que existan "inquisitivos controles" de alcohol, con su correspondiente instrumental de medición, y no se haga lo propio con el consumo de drogas.
"La realidad dibuja una actuación administrativa desviada de sus fines, los de controlar y preservar la seguridad vial, que si de verdad preocupase se intentaría también preservar respecto al conductor que circula drogado o afectado por otras sustancias", señala la resolución.
Dicho control, según el juez, se convierte en una "actividad inquisitiva" contra el que consume alcohol, que "criminaliza" dicha conducta y relega a "verdaderos estados de ruina personal" a quien haya acudido a una simple celebración "y tenga la desgracia de ser pillado con el estricto índice legal".
Mientras tanto, prosigue el magistrado, multitud de drogadictos "pueden inundar nuestras vías con la seguridad de no ser detectados", por dejadez o simplemente porque es "muy fácil" detectar el alcohol con una mera espiración de aire a un aparato y "muy difícil o costoso" detectar el consumo de otras sustancias.
Es más, considera también que, "amén de la desigualdad del trato de por sí relevante", esa actitud fomenta el consumo de drogas y demás sustancias, por lo que ve necesario "exigir" que cuando a un ciudadano se le intercepte para hacerle una prueba de alcoholemia, se le practique también otro tipo de control sobre droga.
