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Imputado por malversación de caudales públicos y falsedad el auditor de Mercasevilla

El socio de 'Price Waterhouse' alega no conocer las irregularidades contables de Mercasevilla.

el 27 dic 2013 / 21:01 h.

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La juez Mercedes Alaya ha imputado dos delitos de malversación de caudales público y falsedad en las cuentas anuales al economista José Ignacio Alonso Rivero, socio y firmante de la auditoría de cuentas del Mercasevilla correpsondientes al año 2008, que fue elaborada por la firma 'Price  Waterhouse Coopers S.L.'. José Ignacio Alonso Rivero, socio de la empresa auditora 'Price  Waterhouse Coopers S.L.' e imputado en el presunto delito societario  que la juez Mercedes Alaya investiga en cuanto a la anterior gestión  de la sociedad mixta Mercasevilla, ha defendido este jueves ante la  juez que no conocía las numerosas "irregularidades" que originaron el  desfase contable sufrido por esta empresa prácticamente pública y que  ni él ni su empresa asesoraron ni prepararon las cuentas de  Mercasevilla ni tampoco participaron en "la aplicación del  resultado". José Ignacio Alonso Rivero ha prestado este viernes declaración  ante la juez Mercedes Alaya como imputado, en calidad de cooperador  necesario, en un delito continuado de malversación de caudales  públicos y un delito societario continuado en su vertiente de  falsedad en las cuentas anuales. En concreto, la juez atribuye a Alonso Rivero un total de 14  supuestos por su participante en el "examen y verificación de las  cuentas anuales de Mercasevilla del ejercicio 2008 y de ejercicios  anteriores que inciden en este último". Mercasevilla, según la juez  Alaya, declaró beneficios de 258.024 euros merced a sus cuentas de  2008 cuando en realidad las pérdidas se elevaban a 7.885.285 euros,  con lo que la directiva de la empresa y 'Price Waterhouse Coopers  S.L.', como empresa contratada para auditar las cuentas, "omitirían  intencionadamente ciertas prácticas contables inadecuadas". La juez, en ese sentido, detalla que en las cuentas de 2006 y  después en las de 2008, Mercasevilla contabilizó como ingresos  primero 329.738 euros y después 851.658 euros merced a los pagos  comprometidos por la sociedad 'Sanma Desarrollos Urbanísticos S.A.' ,  por el contrato de opción de compra de los suelos del mercal central,  cuando dichas cuantías "en virtud de los principios de imagen fiel y  prudencia", debieron ser contabilizadas como "pasivos" como mejor  manera de reflejar su verdadera "naturaleza", sobre todo a cuenta de  la "posibilidad más que notable de que hubiera que devolverlas". LA FUNDACION SOCIOASISTENCIAL Señala la juez también, entre otros aspectos, que el balance a 31  de diciembre de 2008 de Mercasevilla tenía un crédito por importe de  423.375 euros correspondiente al saldo deudor que tenía con ella la  Fundación Socio-Asistencial Mercasevilla pese a las "evidencias de la  imposibilidad de su cobro, dada la precariedad económica de la  Fundación". "El hoy imputado pudo conocer que la Fundación carecía de  medios económico financieros para hacer frente al pago de dicha  deuda", avisa la juez. Señala también la juez las sanciones por valor de 369.856 euros  impuestas por la Dirección General de Pesca y Agricultura y no  contabilizadas en el ejercicio 2008 y el pasivo de 9.046.977 euros  relativo al coste del famoso expediente de regulación de empleo (ERE)  emprendido en 2007 con la prejubilación de 40 empleados, pues dicha  cuantía debería haber figurado como "pérdida" al no mediar  "formalidades legales" del compromiso de pago de la Junta de  Andalucía, finalmente desligada de la financiación de este  procedimiento cuyo coste ha recaído íntegramente en Mercasevilla. También apunta la juez un premio extraordinario de jubilación que  se abonó en 2008 a nueve trabajadores por valor de 256.624 euros y  que "no fue contabilizado como gasto" y 76.000 euros entregados a la  asociación de mayoristas de pescado de Mercasevilla "por supuestos  servicios de asesoramiento y reembolso por compra de palets" sin  "facturas con los adecuados requisitos formales o contrato que recoja  las condiciones o el alcance de los servicios a prestar". Del mismo  modo, la juez señala 30.328 euros entregados también a la asociación  de mayoristas de pescado como "pagos por los que no se expidieron  facturas con los adecuados requisitos formales y sin que tampoco  exista un contrato que recoja las condiciones o el alcance de los  servicios a prestar". LO NIEGA TODO Ante estas acusaciones, y según el acta de declaración recogida  por Europa Press, José Ignacio Alonso Rivero ha defendido que desde  'Price Waterhouse Coopers S.L.' se "desconocía cualquier  irregularidad" y que las mismas "se investigan en este momento". En  cuanto a las partidas relativas al contrato de opción de compra de  Sanma, ha defendido que fueron consideradas como ingresos porque la  única posibilidad de que las cantidades fuesen devueltas "era en el  supuesto de que no se ejercitase la opción de compra y ello parecía  plenamente inviable, porque el PGOU configuraba como zona  residencial" los suelos del mercado central enajenados en favor de  Sanma. Sobre la deuda de la Fundación Socioasistencia, ha manifestado que  él no conocía "la realidad económica" de la misma, ni sus pérdidas ni  su "confusión de personal" con Mercasevilla, toda vez que respecto al  pasivo de nueve millones del ERE de 2007 ha alegado que al finalizar  2008 "en modo alguno" era conocida la falta de sustento financiero  del procedimiento porque la póliza de seguro de rentas contratada con  el banco Vitalicio, en la que figuraba la Junta de Andalucía como  fuente de los pagos, "establecía con exactitud los importes a pagar  por la Junta" y Vitalicio "era una entidad absolutamente relevante".  La participación de la Junta en la financiación del ERE, según este  socio de la auditora, era "indubitable" pese a que la póliza de  seguro de rentas no estaba firmada por la Junta de Andalucía. El imputado, en ese sentido, explica que una carta de  manifestaciones firmada en febrero de 2009 por el entonces alcalde  hispalense, Alfredo Sánchez Monteseirín, descartaba en Mercasevilla  "compromisos por pensiones o prestaciones laborales". Sobre el premio  extraordinario de 256.624 euros para nueve trabajadores jubilados, el  imputado ha alegado desconocer tal extremo y sobre las cuantías  entregadas a modo de "liberalidad" a la asociación de mayoristas de  pescado ha argumentado que no tenía constancia de que "eso pudiera  tratarse de una liberalidad o regalo", porque "de ser así se hubiese  puesto en conocimiento de la dirección al objeto de tener una  respuesta", con la posibilidad de elevar este extremo al  "departamento de riesgo" de la empresa auditora. LOS VIAJES A VIETNAM En cuanto a los viajes a Vietnam del por entonces subdirector de  Mercasevilla Daniel Ponce, este socio de la empresa auditora defiende  que en el muestreo realizado entonces "no apareció nada" de este  asunto y que, en principio, "los gastos de viaje no son activables".  Finalmente, ha defendido que ni él ni su empresa asesoraron ni  prepararon las cuentas de Mercasevilla "ni la aplicación del  resultado" y que la herramienta de la auditoría de cuentas es "una  foto fija al final de un ejercicio".

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