El que fuera alcalde de Morón de la Frontera durante ocho años, Manuel Morilla (PP), y el actual concejal y portavoz popular del mismo Ayuntamiento, Antonio Ramírez, están llamados a declarar el 22 de febrero en "calidad de imputados" en el marco de las diligencias judiciales que investigan un posible delito de prevaricación, el caso Mozampro.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Morón ha llamado a declarar "en calidad de imputados" a los miembros del consejo de administración de la empresa municipal Altos del Sur que el 16 de diciembre de 2005 votaron a favor de la venta de 46.000 metros cuadrados de unos terrenos urbanizables. Serán en total tres personas, Manuel Morilla; el vigente concejal del PP y portavoz Antonio José Ramírez; y el que fuera también edil popular en el Ayuntamiento Antonio Jiménez Martín, quienes tendrán que enfrentarse a la justicia por una causa relativa a un posible delito de prevaricación asociado a la escritura pública de venta formalizada por Altos del Sur, en favor de la promotora Mozampro XXI para construir VPO.
Aunque los hechos se produjeron hace más de siete años, fue a raíz de una denuncia interpuesta a finales del 2010 por el partido independiente AMA-Morón cuando se abrió la causa.
En 2005, Altos del Sur, bajo el mandato de Morilla, promovió un concurso público destinado a la enajenación de una finca de 46.278 metros cuadrados con destino a la construcción de un máximo de 233 viviendas protegidas. En diciembre de aquel año, Mozampro XXI, cuyo administrador único era José María Montoya, más conocido como Tate Montoya, se hizo con los suelos por 430.000 euros, una cifra muy por debajo de otra oferta presentada de 812.000. La venta se realizó con la obligación, reflejada en el pliego de condiciones, de que los terrenos debían dedicarse exclusivamente a la construcción de 148 VPO, y para garantizarlo la venta no podía ser escriturada hasta la entrega de las licencias de obra de las viviendas, la elaboración de un proyecto de reparcelación y el comienzo de las obras de urbanización del suelo.
No obstante, el 8 de febrero de 2006, menos de dos meses después de la adjudicación, Morilla procedió a otorgar escrituras a Montoya en la notaría de Morón, sin que tales aspectos fuesen cumplidos, y mediante esta escritura pública Mozampro XXI obtuvo una hipoteca de 890.000 euros en torno a estos terrenos, que fueron tasados en 1.530.000 euros.
Para comprobar tales extremos, el Juzgado de Morón ha requerido esa escritura a la notaría. En mayo de 2007, Montoya "revendió" la sociedad limitada por encima de esta tasación de 1,5 millones de euros y sin haber edificado las viviendas.
Por todo ello, la Fiscalía reseña que los hechos constituyen un "incumplimiento íntegro" de una cláusula del pliego de condiciones administrativas particulares que, en concreto, supeditaba la escritura pública de venta al inicio de las obras de urbanización, la concesión de la preceptiva licencia de obra y la inscripción del proyecto de reparcelación.
Estas no son las únicas causas abiertas que tienen Morilla y Ramírez. Ambos se enfrentan también a una denuncia penal por presuntamente haber permitido vertidos contaminantes al alcantarillado. Asimismo, Morilla tiene pendiente un juicio, junto a su antecesor en el Ayuntamiento, José Párraga (PSOE), por consentir industrias ilegales en el municipio.
